@e_bayona

ZARAGOZA .- La chapucera aplicación de los recortes de 2010 por el Ministerio de Fomento le han costado la primera condena al Gobierno central: deberá indemnizar a dos constructoras por los daños y perjuicios que les causó al cortar durante varios meses la financiación para las obras de una autovía sin suspender formalmente los trabajos.

La UTE Las Colladas, formada por la constructora zaragozana Ideconsa y la valenciana Cyes, reclamó tres años después a Fomento indemnizaciones de entre 3,98 y 4,12 millones por los gastos que le causó la suspensión de hecho de las obras de un tramo de 5,4 kilómetros –adjudicado por 22 millones- de la autovía Jaca-Pamplona en la provincia de Zaragoza.

El equipo de la sucesora de José Blanco (PSOE) en la cartera de Fomento, la actual presidente del Congreso Ana Pastor (PP), no quiso saber nada de esa reclamación. Sin embargo, tres años y medio más tarde, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha transformado ese silencio administrativo en una condena por la que el Ministerio deberá indemnizar a las empresas con 1,64 millones, más un interés anual del 3,5%. Algo más de la mitad de ese dinero -843.642 euros- está directamente relacionado con la chapucera ejecución de los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los recortes mermaron en más de 3.400 millones las previsiones de inversión de Fomento, una decisión cuyo impacto laboral cifró CCOO en la destrucción de 90.000 puestos de trabajo directos. El ministro Blanco, no obstante, tenía un pan B: la supresión de 29 obras –y la ralentización de otras- en 2010 se vería compensada con un relanzamiento generalizado en los dos años siguientes del que se beneficiarían 49 infraestructuras, entre ellas las autovías de Huesca a Jaca y de Jaca a Pamplona.

La realidad, sin embargo, fue otra. El propio director de la obra reconoció en un informe que las obras del Pirineo estuvieron paradas “debido a la incertidumbre creada por el posible reajuste de anualidades”, aunque reduce el parón a tres meses y asegura que durante otro no hubo trabajos “por inclemencias meteorológicas". Y la Abogacía del Estado hizo lo propio al admitir en un dictamen que sí hubo “reajuste de anualidades” y que sus efectos en las cuentas de la empresa ascendieron a 674.198,38 euros.

El tribunal, que destaca que las constructoras reclaman daños y perjuicios “por la ralentización y desajuste producidos en el curso de la aprobación del reajuste de anualidades y la falta de crédito suficiente”, da por buena esa cantidad.

Los peritos de las demandantes, que reclamaban 992.724 euros por este concepto, sostenían que la falta de ingresos desde Fomento por ausencia de certificaciones se mantuvo durante nueve meses –de agosto de 2010 a abril de 2011-, que el posterior reajuste de los trabajos “no contemplaba crédito suficiente para atender a su ejecución” y que “al no estar las obras suspendidas, aunque sí ralentizadas, la actora no podía abandonar las mismas, ocasionándole esta situación sobrecostes”.

La Audiencia Nacional, que rechazó incluir en la indemnización otros conceptos reclamados por las constructoras como la “desmesurada subida del precio del betún” del 76% entre el inicio y el final de los trabajos, sí avala otras peticiones por “el tiempo durante el que la obra estuvo suspendida/paralizada/ralentizada, cuestión que el Director de Obra admite sin ambages”.

Una de ellas se traduce en 43.410 euros –solicitaban 229.678- por los costes que les supuso el “mantenimiento de la obra en funcionamiento con una certificación mínima”. Otra, en 126.034 por los catorce meses que el Estado retrasó el pago del tramo de autovía desde que esta fue finalmente abierta al tráfico en 2012.

El tribunal, por último, rechaza los argumentos con los que la Abogacía del Estado sostenía que el hecho de haber aceptado el reajuste del proyecto “veda al contratista la posibilidad de reclamar las partidas que invoca”.