MADRID.-  Este miércoles, 1 de julio de 2015, entran en vigor dos reformas que suponen todo un blindaje del Gobierno frente a las protestas ciudadanas ya que permite al Ejecutivo castigar con dureza protestas no autorizadas, aunque sean pacíficas, y sustrae del control judicial inmediato la limitación de las libertades públicas.

La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, otorga una poderosa potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada expresamente para frenar las protestas surgidas en esta larga crisis económica, como las concentraciones pacíficas del 15-M, el movimiento antidesahucios o las mareas.

Por su parte, el nuevo Código Penal contiene la cuestionada cadena perpetua revisable, pero también unas modificaciones de última hora que soliviantan a los especialistas en Penal: una chapuza ha convertido al menos 16 delitos menos graves en leves, lo que provocará que, por ejemplo, el autor de un hurto no pueda ser detenido y que pueda ser juzgado sin abogado… por el mismo juez que instruye el caso. La ola de recursos de inconstitucionalidad está servida.

Las infracciones administrativas, decididas por la policía y no por un juez, prevén infracciones de hasta 30.000 euros

Ambas leyes han sido aprobadas por el rodillo del PP sin consenso parlamentario y han sido recurridas por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Allí han quedado los recursos de más de cincuenta diputados, cada uno, presentados hace dos meses ante este órgano presidido por un exafiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, que dejó de serlo cuando ya había sido nombrado para el cargo.

Estado policial, ejercicio despótico, populismo punitivo… PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai han recurrido a múltiples expresiones para definir esta vuelta de tuerca con la que el Gobierno construye todo un edificio sancionador –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a las protestas registradas y que lo han desgastado.

Se da la circunstancia de que los tribunales no han solido dar al Gobierno la razón frente a determinadas protestas suscitadas en los últimos años. De ahí que, ahora, el Ejecutivo haya construido todo un edificio de sanciones administrativas –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a esas protestas que le han desgastado.

La policía tendrá un "enorme poder"

Para el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo más grave reside en el propio concepto: “no es una ley de seguridad ciudadana, sino de seguridad del Gobierno ante las protestas ciudadanas”. En su opinión, esta norma consagra al ciudadano como “el enemigo” y expresa su preocupación porque el Gobierno convierte en multas administrativas lo que antes se sometía al control inmediato del juez de guardia.

Esto es, extrae del control judicial las sanciones que el Gobierno se reserva para sí respecto a ocupaciones de la vía pública sin permiso o actuaciones de desobediencia leve. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que recurrir por la vía contenciosa-administrativa.

Rights International denuncia la redacción "deliberadamente deficiente y ambigua" de la ley

Bosch denuncia el “enorme poder” que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, considera que no permite que un juez pondere los derechos en conflicto en estos casos, donde las infracciones administrativas prevén multas de hasta 30.000 euros, lo que constituye un claro instrumento de disuasión.

Patricia Goiochoechea, vicepresidenta de Rights International Spain, denuncia los recortes a las libertades de estas dos leyes ante los foros internacionales como Naciones Unidas. Y denuncia también que tienen una redacción “deliberadamente deficiente y ambigua”.

Tanto por separado como juntas, “ambas leyes constituyen una limitación desproporcionada al ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia. Las dos persiguen el objetivo de limitar la protesta social pacífica; evitar que la calle siga siendo un espacio de participación política y disuadir al resto de la sociedad de continuar ejerciendo sus derechos en el futuro”.

La Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan espacio a la interpretación arbitraria por parte de la autoridad administrativa.