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Expertos del Gobierno denuncian grandes "zonas de penumbra" en derechos humanos

El Comité Técnico designado para elaborar el informe previo al II Plan de Derechos Humanos alerta, en el texto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no quiere mostrar, de que "la crisis está sirviendo de excusa para dar cobertura a líneas ideológicas retrógadas en derechos sociales”.

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Inmigrantes subsaharianos encaramados en la valla de Melilla. REUTERS

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere publicar el informe que él mismo encargó como paso previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos que, de momento, ni está ni se le espera, según ha denunciado la oposición y más de un centenar de ONG en distintas ocasiones.

También lo cree así el propio Comité Técnico de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —organismo dependiente del Ministerio de Presidencia— para elaborar el citado documento que serviría de base pare el citado plan, que considera que el proceso de elaboración de la normativa "fue detenida en seco por los responsables políticos", quizá, apuntan, porque el texto pudo "sacar los colores al Gobierno".

El citado informe, al que ha tenido acceso Público, denuncia que "España no está del todo al corriente de sus deberes respecto del estándar internacional de protección de los derechos humanos". "Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esa luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra", sentencia el exdirector del Comité, Fernando Rey, en la introducción de Los derechos humanos en España:un balance crítico. 

"España no está del todo al corriente de sus deberes respecto del estándar internacional de protección de los derechos humanos"

Rey dimitió, junto a todo su equipo (formado por otros 24 profesores universitarios de toda España*), en febrero de 2014, después de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría se negara a mostrar en el Congreso los resultados de su análisis, terminado ya a finales de 2013. Ante la negativa del Gobierno, el grupo de expertos —que ha seguido trabajando por su cuenta— publicará próximamente su obra con la Editorial Tirante Blanco.

En ella, los firmantes de la misma denuncian que "la devastadora crisis económica ha impactado tan negativa como intensamente sobre los derechos humanos en nuestro país [...] sobre todo, en relación con los derechos sociales". "Pero no todo lo malo que ha sucedido en este campo puede atribuirse a la escasez de fondos públicos", advierten. Y denuncian: "En ciertas ocasiones, la crisis económica está sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas en materia de derechos".

En el documento, los expertos analizan la situación actual de los derechos civiles, sociales, de participación política, etc. de los ciudadanos españoles, así como el respeto de los mismos (o no) en las leyes propuestas por el Gobierno del PP una vez caducado el anterior Plan de Derechos Humanos 2008-2012 elaborado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La Lomce, las tasas judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana son sólo algunas de ellas. 

"El proceso de elaboración del II Plan nacional de Derechos Humanos fue detenido en seco por los responsables políticos", denuncian 


Antes de eso, Rey explica qué es un Plan de Derechos Humanos: "No es, ni puede ser, un programa de Gobierno o de legislatura [sino que] debe responder a un compromiso nacional verdadero, implicando a toda la sociedad". Además, "debe ser realista, razonablemente preciso y obtenible en un plazo determinado", así como convertirse en "un proceso continuo de mejora". 

Asimismo, aclara que "el manual [establecido por la ONU para la elaboración de este tipo de documentos] claramente atribuye la responsabilidad final del Plan al Gobierno", que de momento no parece que vaya a establecerlo como una prioridad. De hecho, Sáenz de Santamaría volvió a dar largas en el Congreso el pasado 10 de diciembre, cuando, interpelada por el PNV, zanjó el tema asegurando que la normativa estaba "en fase de consulta ante los ministerios".

Para los expertos que redactaron el oculto informe previo al mismo, en cambio, "el proceso de elaboración del II Plan nacional de Derechos Humanos fue detenido en seco por los responsables políticos". "No sabemos si el texto que habíamos elaborado pudo sacar los colores al Gobierno o simplemente, que éste se dio cuenta, por fin, de lo que significaba un plan nacional de derechos humanos y decidió no seguir adelante para no tener que asumir ciertas mejoras y compromisos", concluyen.

* Los expertos que han colaborado en la elaboración del informe titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico son: Fernando Rey Martínez (director), Juan María Bilbao Ubillos, Francisco Javier García Medina, Aránzazu Moretón Toquero, Nicolás Rodríguez Cabezudo e Iñigo Sanz Rubiales y Noemí Serrano Argüello, de la Universidad de Valladolid; Francisco Javier de Lucas Martín, Josefina Alventosa del Río, Lorenzo Cotino Hueso, y Ángeles Solanes Corella, de la Universidad de Valencia; Joana Abrisketa, José Ramón Intxaurbe Vitorica y Eduardo Ruiz Vieytez, de la Universidad de Deusto; Rafael de Asís Roig, María del Carmen Barranco Avilés, Patricia Cuenca Gómez y Carmen Pérez González, de la Universidad Carlos III de Madrid; María Macías Jara y Miguel Ángel Ramio Avilés, de la Universidad de Alcalá de Henares; Jaume Saura Estapá, de la de Barcelona; Miguel Ángel Presno Linera, de la de Oviedo; Federico de Montalvo Jääskeläinen, de la de Comillas; y los expertos Gonzalo Fanjul Suárez [director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)] y Virginia Rodríguez-Bartolomé [Consultora, investigadora y analista legal, jurídica y de políticas públicas].