Publicado: 29.07.2016 13:48 |Actualizado: 29.07.2016 18:47

El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda que la resolución soberanista de la cámara catalana aprobada el pasado miércoles vulnera la sentencia del alto tribunal que anuló el proceso de desconexión de Catalunya.

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La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa./ EFE

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa./ EFE

MADRID.- El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante "el desafío institucional" que entiende que se está produciendo en Catalunya.

Es uno de los puntos del incidente de ejecución que la Abogacía del Estado ha presentado hoy mismo ante el alto tribunal, cuyo pleno se reunirá el próximo lunes para decidir qué medidas adopta ante el "desacato" de la sentencia y del auto que anulan el llamado proceso de desconexión aprobado por el Parlament.

La Abogacía argumenta que la resolución de la Cámara catalana del pasado miércoles contiene como principal novedad la concreción de un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".




Neus Munté, la consellera de Presidencia, ha tildado de "inadmisible" la "amenaza" del Gobierno y ha asegurado que la Generalitat "no se moverá" de la hoja de ruta soberanista

El Govern ha contestado por medio de la consellera de Presidencia, Neus Munté, quien ha tildado de "inadmisible" la "amenaza" del Gobierno, y acto seguido, ha asegurado que la Generalitat "no se moverá" de la hoja de ruta soberanista que se ha marcado. El mismo miércoles, tras conocer la aprobación en el Parlament de las conclusiones de un dictamen sobre el proceso constituyente, lo que significa marcar la vía hacia la independencia, el Gobierno avanzó que hoy estudiaría en Consejo de Ministros qué plantear en un nuevo incidente de ejecución.

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes del contenido de dicha instancia ante "el delito" apreciado en la actuación de Forcadell, pues ordenó el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia. Debido a ese "caso omiso", el Gobierno se ha dirigido al TC para que, a su vez, remita a la Fiscalía unas actuaciones que podrían suponer la apertura de la vía penal.

Ante la relevancia de la posición del Gobierno, ante este "desafío institucional y desacato al Constitucional", en palabras de la vicepresidenta, Mariano Rajoy se ha puesto en contacto con los líderes del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos para explicarles el contenido del incidente de ejecución.

Un texto que consta de tres puntos esenciales, en los que el Gobierno pide al TC que declare nulo y sin efecto jurídico la resolución del Parlament, su suspensión inmediata y la adopción de las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y del auto del alto tribunal.

En el incidente
se advierte de que el incumplimiento de las decisiones del Constitucional puede conllevar sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado e incluso la apertura
de la vía penal

Dentro de este último aspecto, el Gobierno solicita al TC que se dirija a Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa del Parlament para que se abstengan de "la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento" a la resolución impugnada. Tampoco podrán convocar aquellos órganos que propicien la continuación de lo que se ha denominado "proceso de desconexión". Según ha indicado la vicepresidenta, se pide al alto tribunal que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno.

En el incidente se advierte de que el incumplimiento de las decisiones del Constitucional puede conllevar sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado e incluso la apertura de la vía penal.

Para Sáenz de Santamaría, la actuación del Gobierno circula por una "vía razonable y proporcional". Forcadell ha respondido con prontitud a las medidas por las que aboga el Gobierno, y así, ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de pretender "coartar la libertad de expresión" del Parlament". A su juicio, la inhabilitación, si ocurre, sería "profundamente antidemocrática".

Se ha mostrado "convencida", en declaraciones a TV3, de que actuó el miércoles cumpliendo con su deber, y ha expresado su tristeza por que el Estado quiera "frenar" el proceso soberanista "a golpe de tribunal".

En Twitter se han plasmado las reacciones de las autoridades catalanas, como la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha asegurado que "la democracia en Catalunya no está en funciones", o del vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, quien, usando palabras muy parecidas, ha advertido a Rajoy de que "la democracia está por encima de todo ahora y siempre".