MADRID.- La llamada 'querella argentina', única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo, no ha muerto. Muy a pesar de la Fiscalía... y del Gobierno del Partido Popular. Los juzgados españoles tienen plena libertad para tomar declaración a los 19 altos cargos del franquismo que han sido imputados en Argentina y a las víctimas de la dictadura que han presentado denuncia, tal y como solicitó a España la magistrada María Servini de Cubría a través de varios exhortos. 

Así lo confirman a Público los portavoces de la Asociación Profesional de Magistratura y del Foro Judicial Independiente, que señalan que la instrucción remitida por la Fiscalía a los diferentes juzgados en la que insta a no prestar ayuda a la Justicia de Argentina es solo una "postura" que no tiene por qué cumplirse.

"Cuando se recibe una solicitud de cooperación internacional quien la recibe es un juzgado español y, por lo tanto, es al juez español al que corresponde decidir si da cumplimiento o no. El Fiscal actúa en defensa de la legalidad, siempre, y está obligado a informar al juzgado sobre si aconseja o no cumplimentar y en qué medida, pero en ningún modo se trata de una instrucción vinculante", ha explicado a Público Celso Rodríguez Padrón, portavoz de Asociación Profesional de Magistratura. 

La directriz de la Fiscalía, no obstante, provocó que el pasado martes el titular del juzgado número 4 de Oviedo suspendiera la declaración de Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida, por las torturas que sufrió durante la dictadura. La suspensión se achacó a las instrucciones de la Fiscalía, pero el portavoz de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, aclara que la decisión "no depende del Ministerio Público". 

"Si un juez extranjero te pide que tomes declaración a un ciudadano, lo normal es que el juez no se niegue. Es lo normal y es difícil negarse. Otra cosa diferente sería adoptar medidas coercitivas contra la persona en cuestión en virtud de una orden de un país extranjero. Pero si te piden que se tome declaración parece que lo mínimo que se puede hacer es llamar a la persona en cuestión y si no quiere declarar... pues nada... no se le puede obligar", explica Gallardo, en conversación telefónica con Público. 

Los expertos, por tanto, han señalado a Público que los jueces españoles pueden cumplimentar los exhortos remitidos desde Argentina haciendo caso omiso de la postura del Ministerio Fiscal, que rechazaba esta posibilidad.

No obstante, si un Juzgado decide rechazar la postura de la Fiscalía y tomar declaración a alguno de los 19 altos cargos del franquismo imputados en Argentina o a las víctimas de la dictadura entonces el Ministerio Fiscal podría recurrir la decisión de éste. 

"Si el Juzgado siguiese un criterio contrario al expuesto por el Ministerio Fiscal, éste podrá recurrir su decisión. Primero ante el propio Juzgado, y si éste mantuviese su criterio, la decisión podrá ser objeto de apelación ante la Audiencia Provincial", sentencia Celso Rodríguez Padrón, portavoz de Asociación Profesional de Magistratura.