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PP y C's consiguen que el Congreso acepte el veto del Gobierno a la supresión de las tasas judiciales

La Mesa del Congreso acepta, con el voto en contra del PSOE y Podemos, bloquear la proposición de ley del grupo socialista que pedía la eliminación de la tasas judiciales.

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Protesta contra las tasas judiciales. -EFE

MADRID.- La Mesa del Congreso ha aceptado hoy, con el voto a favor del PP y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE y Podemos, el veto remitido por el Gobierno a la proposición de ley del grupo socialista que pedía la eliminación de la tasas judiciales, según han informado fuentes parlamentarias. La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa de los socialistas.

Con esta decisión, la Mesa da por bueno el argumento del Ejecutivo para interponer ese veto al entender que la proposición de ley tenía consecuencias presupuestarias, a diferencia de otras iniciativas como la paralización del calendario de la LOMCE, cuyo veto ha levantado. El pasado 13 de diciembre, la Mesa analizó un informe de los servicios jurídicos de la Cámara acerca de su capacidad para levantar los vetos del Ejecutivo a las proposiciones de los grupos.

Ese informe reconoce al Ejecutivo su prerrogativa constitucional a oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios, aunque también la capacidad de la Mesa a levantar esos vetos si considera que son "arbitrarios" o insuficientemente razonados. Con este informe jurídico en la mano, la Mesa acordó ese día rechazar el escrito de reconsideración del Gobierno sobre la LOMCE y la reforma del Estatuto de los Trabajadores pero aceptó los vetos del Ejecutivo a otra docena de proposiciones de ley, como ha ocurrido hoy con la iniciativa sobre tasas judiciales.

Toda esta discusión que se mantiene desde el inicio de la legislatura podría acabar con un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional al igual que ocurrió en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario. De hecho, el Gobierno tiene de plazo hasta mediados de enero para decidir si interpone un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional por la decisión de la Mesa de levantar su veto sobre la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y la reforma del Estatuto de los Trabajadores.