En la distancia que media entre el PP (que no quiere tocar una coma de la Constitución) y Unidad Popular-IU (que apuesta por una nueva Carta Magna), PSOE, Podemos y Ciudadanos abogan por una reforma del texto que blinde los derechos sociales.

Podemos no aborda el modelo de Estado, un debate que considera "importante" pero no "prioritario", mientras que Unidad Popular plantea una España federal, republicana, plurinacional y solidaria. El PSOE también ve con buenos ojos reformar la estructura territorial con los principios y técnicas del federalismo; el PP considera que el bienestar se sustenta en la unidad de la nación española, y Ciudadanos pretende fijar el mapa autonómico y que el Estado controle las decisiones de las autonomías.

Podemos aboga por reformar la ley electoral para que sea más equitativa; el PP cree que debería gobernar la formación más votada, aunque deja la puerta abierta a una segunda vuelta, y Ciudadanos plantea que 175 diputados sean elegidos en distritos y otros 175 a nivel nacional. En general, cala la idea del Senado como cámara de representación territorial.

Reforma constitucional, que incluye la derogación de la reforma del artículo 135 pactada en 2011 para devolverlo a su estado anterior [la reforma introdujo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit, es decir, el Estado ahora tiene un tope de gasto y debe priorizar el pago de la deuda pública]. Podemos esgrime que el resto de partidos presentan propuestas, mientras ellos defienden cinco garantías a blindar, cinco reformas que aplicar a la Carta Magna:

1.- Reforma de la ley electoral para que sea más equitativa.

2.- Erradicar la corrupción y prohibición de las puertas giratorias.

3.- Blindaje de los derechos sociales.

4.- Referéndum con garantías en Catalunya, aunque Podemos pediría el no a la independencia. El referéndum sería vinculante y encontraría cobertura legal en el artículo 92 de la Constitución. La consulta se celebraría de forma simultánea a la reforma constitucional.

5.- Garantizar la independencia y despolitización de la Justicia.

1.- Incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del bienestar fortaleciendo los derechos sociales. Reforma del artículo 135.

2.- Fortalecer y ampliar los derechos y libertades en la Carta Magna. Actualizar el catálogo de derechos. Incluir nuevas causas de prohibición de la discriminación e incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo.

Ciudadanos plantea que 175 diputados sean elegidos en distritos (escaños unipersonales) y otros 175 a nivel nacional (listas proporcionales)

3.- Mejorar la calidad democrática y de las instituciones estableciendo la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones. Fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación. Suprimir la inmunidad parlamentaria.

4.- Reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo. Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial, redefiniendo sus funciones y revisando su estructura y composición. Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades. Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial. Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones. Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida. Establecer los elementos del sistema de financiación autonómica y dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad. Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida. Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente a la unificación de doctrina.

5.- Adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea en la Constitución y colocar a España a la vanguardia de una Europa social.

1.- La unidad de la Nación española es el principio constitucional sobre el que se asienta el bienestar. El PP se compromete a seguir defendiendo el Estado de las Autonomías, que reconoce la Constitución Española. Se potenciará la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperación horizontal para mejorar las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

2.- Reforma del sistema de financiación autonómico para garantizar los servicios públicos esenciales por igual para todos los españoles.

3.- Incorporación a la ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento

4.- Reforma de la Ley Electoral: la responsabilidad de gobernar debe asumirla el partido que recibe más votos. En caso de no existir mayoría absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos políticos, se propondrá introducir un sistema de doble vuelta. Además, los procesos electorales se adecuarán a las nuevas realidades sociales. Por ejemplo, reduciendo la duración de la campaña y, con ello, los gastos electorales; favoreciendo la participación electoral de los españoles residentes en el exterior (voto CERA), y culminando la adaptación al Convención de la Organización de Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad.

5.- Reforma del Congreso y el Senado para un Congreso más participativo y adaptado a las nuevas realidades políticas y sociales y un Senado que potencie su naturaleza territorial. El PP se compromete a facilitar la presentación y tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular.

1.- Blindaje de derechos sociales en la Constitución: derecho a la salud, a los servicios sociales, a la vivienda, protección ambiental, derechos de los consumidores y usuarios, derecho de acceso a los servicios públicos y económicos de interés general “en condiciones de igualdad”, derecho a la buena Administración.

2.- Reforma de la Ley Electoral: 175 diputados elegidos en distritos (escaños unipersonales) y otros 175 a nivel nacional (listas proporcionales).

3.- Supresión del Senado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Despolitización del Tribunal Constitucional. Fiscalía del Estado independiente. Más jueces y más medios. Limitación de las puertas giratorias (aumento de los años de incompatibilidad).

Podemos aboga por reformar la ley electoral para que sea más equitativa, mientras que el Partido Popular cree que debería gobernar la formación más votada

4.- Reconfiguración de las competencias. Fijar el mapa autonómico de manera definitiva (17 comunidades). Elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado. En los casos en que la función del Estado sea legislativa (y ceda, por tanto, el poder ejecutivo a las Comunidades), la ejecución autonómica estará sometida a la vigilancia y control por parte del Estado.

5.- Financiación territorial: compromiso a favor de la armonización fiscal de ámbito europeo que elimine excepciones territoriales, así como los paraísos fiscale. Mientras ello ocurre, es necesario revisar el actual sistema del cupo. Se debe hacer un cálculo razonable de la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal con el fin de evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva y la infravaloración de los servicios que el Estado sigue prestando. Las Comunidades que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán hacerlo, sufragándolos mediante el incremento de impuestos.

6.- Adelgazamiento de la Administración: eliminación de Diputaciones y fusión de municipios de menos de 25.000 habitantes.

7.- Exención generalizada de las tasas judiciales, con la excepción de que podrán mantenerse para grandes empresas que hagan uso frecuente de acceso a la jurisdicción.

1.- Inicio de un Proceso Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

2.- Modelo de Estado federal, republicano, plurinacional y solidario en el que se hable de “los pueblos de España”, reconociendo la existencia de diferentes grados y tipos de identificación con la nacionalidad o región respectiva dentro de cada territorio autonómico.

3.- Referéndum en cada territorio (antiguas Comunidades Autónomas, ahora estados federados) para decidir la adhesión o no a este nuevo modelo de Estado que se considerará una unidad en el plano internacional.

4.- Respeto a la cosoberanía de las unidades federadas a partir de los principios de igualdad y solidaridad.

5.- Reparto de atribuciones políticas y de competencias en la Constitución federal. Se basa en las constituciones propias de cada territorio. El reparto no puede ser modificado o suspendido sin su consentimiento.