El 1 de octubre ha sido una jornada de votaciones en Catalunya, por encima de cualquier otra circunstancia. Así lo han querido sus habitantes. Votaciones en todas las ciudades y pueblos del país, en un referéndum marcado en su convocatoria y desarrollo por la hostilidad del Gobierno del PP, manifestada desde hace días con la intervención subordinada de la Fiscalía General del Estado, las decisiones de los tribunales y, sobre todo, por la violencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las detenciones de responsables de la Generalitat, los ataques contra sistemas informáticos, los bloqueos de servidores, las requisas de material de fomento de la participación, de papeletas, documentación censal, el cierre de cerca de 140 páginas web, junto a multas millonarias, sanciones y palabras amenazantes de miembros del gobierno central parecía que en algún momento podían hacer imposible la consulta, pero el consenso social, la determinación del Govern y un esfuerzo organizativo enorme e inteligente -proporcionado por ciudadanos voluntarios y no por la Generalitat, lo que ha evitado las filtraciones- han convertido en realidad el deseado referéndum.

Mariano Rajoy y su gobierno utilizaron a fondo todos los resortes del aparato del Estado (administrativos, económicos y policiales) para intentar impedir el referéndum, pero no han podido evitar que, al menos y según cifras del Govern, 2.262.424 ciudadanos de Catalunya hayan podido ejercer su derecho al voto. Quedan por contabilizar los sufragios correspondientes a las personas que se han encontrado con sus colegios cerrados o cuyo voto ha sido sustraído por la Policía Nacional.

A las cinco de la mañana

La habilidad organizativa se puso de manifiesto con claridad a las cinco de la mañana, cuando grupos formados centenares de personas se concentraron en cada uno de los colegios electorales para impedir la anunciada estrategia policial y atender a quienes debían aportar las buscadas urnas y las necesarias papeletas.

El hecho de que después de tantos registros, tantas requisas y tantas detenciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil no fueran capaces de inteceptar ni una sola de las 6.242 urnas trasladadas a los 2.315 colegios electorales ha llamado la atención de la opinión pública y causado sorpresa en el propio Ejecutivo estatal.

Antes de la apertura de los colegios, los consellers de Presidència y de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Jordi Turull y Raül Romeva, reconocían que habían pasado "días difíciles", pero que el Govern pensaba que se daban las condiciones de celebrar el referéndum de autodeterminación de Catalunya, a pesar de que ya sabían que algunos colegios no podrían abrir.

Para poner remedio a esta insuficiencia y hacer posible que "todos los catalanes pudieran votar", anunciaron que podrían hacerlo en cualquier colegio, gracias a la utilización del conjunto del censo, consultable desde todas las mesas, después de comprobar que cada votante no hubiera emitido antes su sufragio.

Las mesas empezaban a trabajar con correcta metodología, y así lo reconocieron el grupo de observadores internacionales que trabaja en Catalunya desde hace días.

Ataques policiales

Al poco de abrirse los colegios, empezaron los ataques policiales, las agresiones contra los grupos que defendían a los miembros de las mesas, las urnas, los votos, las papeletas, una resistencia de ciudadanos sentados en en suelo o con los brazos en alto... Una vez visualizadas las primeras cargas, el delegado del Gobierno español, Enric Millo, consideró necesario comparecer para decir que el referéndum era una farsa, para descalificar a los Mossos d'Esquadra, y parafrasear una declaración de Mariano Rajoy: "Nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos".

La Policía Nacional y la Guardia Civil tenían interés en irrumpir en los colegios electorales en los que estaba prevista la votación de los máximos representantes de la Generalitat, en Sant Julià de Ramis, Sant Vicenç dels Horts y Sabadell. Así lo hicieron, con contundencia, pegando y rompiendo lo que se interponía en su camino, y  tanto Carles Puigdemont, como Oriol Junqueras, como Carme Forcadell, previendo más o menos que así podía ocurrir, votaron en otros colegios. No entraba en sus cálculos, ni en los de casi nadie, que la actuación policial llegaría hasta el punto de cargar y apalear a gente pacífica de forma desmedida, tal y como recoge la mayoría de la prensa de todo el mundo.

Viendo lo que estaba pasando, Junqueras señalaba que se estaba dando una muestra al mundo de lo que representa cada cual, y Forcadell ya decía que "el Estado español será el que deberá explicar al mundo lo que ha hecho hoy en Catalunya ".

Minutos después, se empezaban a difundir por todas partes imágenes sangrientas, palizas y testimonios de personas heridas que explicaban los golpes recibidos, las agresiones, los empujones escaleras abajo y también la mirada de odio que habían observado en la cara de los agentes maltratadores.

Entre las personas agredidas se encontraba la propia consellera de Educación, Clara Ponsatí, arrastrada por el suelo sin ningún miramiento.

Admiración y emoción

Carles Puigdemont hizo una declaración institucional de urgencia -sin preguntas- para poner de relieve su "admiración y emoción por lo que estaban haciendo los catalanes" y la indignación general ante una "ola de represión enloquecida", a la que se hizo frente con una valentía y un coraje "que nos acompañará para siempre".

En la mayor parte de los colegios electorales se estaba votando con normalidad, con cierto temor a la llegada de los furgones policiales, preparados para esconder urnas con agilidad, en ambiente festivo, mientras desde diferentes ciudades y pueblos, seguían llegando imágenes estremecedoras, de violencia indiscriminada, cargas policiales en las que a menudo caían heridas personas mayores, puertas de equipamientos reventadas, lanzamiento de pelotas de goma y gases lacrimógenos.

La Guardia Civil y la Policía Nacional se enfrentaban incluso a bomberos y Mossos d'Esquadra, cuando éstos intentaban ejercer su oficio de protectores de la seguridad de la ciudadanía, algo en lo que insistían una y otra vez. Enfrentamientos que resultaban a veces verdaderamente emocionantes al despertar

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por la mañana estuvo en la escuela de su hijo, que albergaba a un colegio electoral, al acudir a votar acusaba a Mariano Rajoy de "cobarde", de esconderse detrás de policías, jueces y fiscales, y de no saber estar a la altura de sus responsabilidades políticas. Colau ha pedido directamente su dimisión.

La ola de cargas y agresiones policiales parecía que se detenía a la hora de comer, aunque la conmoción permanecía, debido a la constante difusión de noticias e imágenes violentas de cargas policiales en diferentes barrios y pueblos. El flujo de ciudadanos hacia los puntos de votación se detuvo hasta algo más allá de las ocho de la tarde, así como las concentraciones de apoyo y de seguridad de las mesas, que no se han disuelto hasta el final del escrutinio.

A última hora de la tarde, el portavoz de Presidència, Jordi Turull, agradecía al "pueblo catalán" el coraje demostrado "en defensa de la democracia", así como a las autoridades de otros países. Todavía quedaba un buen rato para que votasen los más rezagados, por lo que les animó a votar. También dio cuenta del número de heridos, que finalmente ha sido de 844, 73 de ellos que han presentado denuncia. 

"Es un escándalo internacional", "El Estado español es la vergüenza de Europa" o "Acabará respondiendo ante los tribunales internacionales" han sido las frases más contundentes del conseller Turull. Al cierre de los colegios electorales el lema popular cambiaba. Se dejaba de gritar "Votarem" (votaremos), para proclamar una y otra vez "Ja hem votat" (ya hemos votado).