El precio que se paga en España por el agua es uno de los más baratos de Europa, aunque hay diferencias abismales entre provincias, hasta el punto de que el esfuerzo que tiene que hacer un murciano es hasta 6,6 veces superior al de un residente en Soria o en Palencia.

Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) sobre el precio del agua en las ciudades, publicado esta semana, ha analizado el precio de este servicio público en los principales municipios españoles, capitales de provincia, ciudades autónomas y ciudades de más de 100.000 habitantes.

De los 79 municipios examinados, 33 optan por la gestión directa (por los propios ayuntamientos y, sobre todo, por empresas de capital municipal o entes públicos supramunicipales) y 46 por la gestión indirecta (mediante concesión o empresas mixtas).

Siete de las diez ciudades españolas más pobladas cuentan con gestión directa, dos lo hacen a través de empresas mixtas y sólo uno mediante concesión privada. Esta última modalidad es frecuente, en cambio, en las capitales de provincia con menos de 100.000 habitantes como Teruel, Ávila, Zamora, Ciudad real, Palencia, Pontevedra, Toledo, Guadalajara o Cáceres.

Funcas asegura que el estudio detallado ha permitido concluir que el modelo de gestión directa o indirecta no es determinante para explicar el precio del agua que pagan los hogares en España.

Sí lo es, en cambio, el coste del suministro, en un sentido amplio, que viene definido por los factores geoclimáticos relacionados con el acceso y disponibilidad de recursos hídricos en la zona (precipitaciones y altitud) y la estructura urbana (número de viviendas, dispersión y población estacional).

Esto, además, resulta obligado para cumplir con la directiva marco europea del agua, según la cual el suministro, saneamiento y depuración de agua debe regirse por el principio de recuperación de costes y no debe subvencionarse.

De acuerdo con el informe de Funcas, el recibo que los usuarios domésticos pagan por el servicio urbano de agua depende de muchos factores, el más importante de ellos el del precio que se paga por el agua que se consume.

La mayoría de los principales municipios grava el suministro domiciliario de agua mediante tarifas dicotómicas, es decir, con una parte fija o cuota de servicio y otra variable o cuota de consumo.

Excepto en Pamplona y San Sebastián, municipios en los que toda el agua consumida se factura al mismo precio, en el resto de ciudades la parte variable se divide en bloques de facturación con precios crecientes.

A partir de estos datos, se puede apreciar que no existe una relación predefinida entre el precio del agua y el sistema de gestión, ya que las más caras están gestionadas de modo indirecto, pero también las más baratas.

Más bien aprecia Funcas una relación de tipo geográfico, dado que que la mayoría de las ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en las zonas muy secas, como el sur (todas las ciudades andaluzas, excepto Algeciras) y el sureste de la península Ibérica (Murcia, Cartagena y Albacete).

Por contra, el esfuerzo es menor entre las ciudades del norte y nordeste peninsular, mucho más húmedas.

Mientras que en el caso del agua el esfuerzo que las familias españolas tienen que hacer para pagar la factura es el segundo menor de Europa, en el caso de la electricidad y en el del gas es el tercero mayor.