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Víctimas de la sanidad pública gallega Luisa Iglesias: un año esperando a saber el origen de su tumor en las cuerdas vocales

Una paciente de Santiago lleva un año esperando a que le realicen tres pruebas diagnósticas ordenadas por su médico, sin que el Sergas la haya incluido en sus listas de espera ni se digne siquiera a responder a sus reclamaciones. “Quiero que me traten en la sanidad pública. Es mi derecho”, dice.

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Luisa Iglesias Álvarez.

Luisa Iglesias Álvarez empezó a tener molestias y dolores agudos en la garganta cuando aún daba clases en un instituto de Formación Profesional de Compostela. Fue hace ocho años y los médicos le detectaron una pequeña masa en las cuerdas vocales, que le fue extirpado. Una biopsia demostró que afortunadamente, el pequeño tumor no era cancerígeno. Pero a los cuatro meses la hiperqueratosis de su cuerda vocal izquierda se reprodujo y tuvo que operarse de nuevo.

Los otorrinolaringólogos que la atendieron creyeron que la irritación permanente en sus cuerdas podía estar causada por un reflujo esofágico. Y le advirtieron de que, con el tiempo, y si se mantenía, podía ocurrir que los tumores se malignizaran y le ocasionaran un problema más grave. Su médica de cabecera la derivó al servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). En el año 2013 le dijeron que tenía que someterse a tres pruebas diagnósticas: una pH-metría para detectar si tenía un exceso de acidez en su sistema digestivo, una manometría esofágica para estudiar los movimientos de su estómago y su esófago, y una impedanciometría para comprobar su resistencia al paso de los alimentos. Le hicieron las dos primeras, que descartaron la presencia de reflujo, pero la tercera, fundamental para confirmar si los resultados de las anteriores eran concluyentes, quedó pendiente. Esperó y esperó, pero nunca llegaron a hacérsela.

El año pasado, el tumor, benigno, se reprodujo, y volvieron a derivarla al departamento de Digestivo, donde le dijeron que tenían que repetirle las pruebas del 2013, incluida la que no habían llegado a hacerle. El 20 de marzo del 2017 presentó en el hospital la solicitud firmada por el médico para que le sometieran a esos test diagnósticos. Desde entonces sigue esperando a que la llamen.

Luisa tiene dolores y una desagradable sensación de quemazón casi permanente, y, aunque asegura que ha perdido tono de voz, también admite que sus molestias son soportables. “Lo malo no es eso, lo malo es pensar que hay algo que puede estar causándome un problema grave, que pasa el tiempo y no me dicen nada”, esgrime.

El servicio de Digestivo del CHUS es el que tiene las listas más numerosas

El pasado 15 de enero, presentó una reclamación ante la gerencia del hospital reclamando que le den fecha para las pruebas y que la incluyan ya en las listas de espera estructurales. Porque como no la tiene, ni siquiera figura en ellas. De esa forma, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) puede presumir de que las esperas para esa especialidad son mucho más cortas de lo que lo son en la realidad. Según la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, el servicio de Digestivo del centro es el que tiene las listas más numerosas, “con decenas de personas pendientes de que las llamen para darles cita además de las que ya la tienen fijada”.

La Asociación lleva años denunciando la caótico situación del CHUS, desde los colapsos en Urgencias con enfermos graves esperando horas y días en camillas y sillas de ruedas en los pasillos, hasta las demoras de meses e incluso años para algunos tratamientos e intervenciones quirúrgicas, pasando por la muerte de enfermos de hepatitis C a los que no se les suministraron los fármacos que sus médicos les prescribieron por culpa de los recortes ordenados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Por ese caso, aún pendiente de juicio, la Fiscalía pide penas de cárcel para dos altos cargos del Sergas. El propio Feijóo los ha respaldado personalmente en el Parlamento gallego, y ambos siguen ocupando cargos de relevancia en el Sergas.

Luisa pedía en su reclamación que le dieran cita a la mayor brevedad posible. Y recordaba a la administración sanitaria que tiene que hacerlo no porque ella lo diga, sino porque está legalmente obligada. Entre otras normas, por la Carta Europea de Derechos del Paciente, que en su artículo 7 recoge que “toda persona tiene el derecho a recibir tratamiento en un tiempo predeterminado y rápido”, y por la Ley General de Sanidad, que reconoce la obligación de la Administración a garantizar que todos los ciudadanos pueden acceder a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación debido a sus recursos financieros, lugar de residencia o tipo de enfermedad, ni tampoco por el tiempo de acceso a esos servicios.

"Está afectando negativamente a mi salud y demorando injustificadamente el tratamiento que preciso"

En su queja, Luisa advertía al Sergas de que sus derechos están siendo vulnerados, porque la decisión del Sergas de no darle cita para no incluirla en las listas de espera estructurales es discriminatoria, ya que hay pacientes que sí la tiene, y porque, sobre todo, la deja en una situación de indefensión “no definida legalmente y falta de toda protección”. Además, advierte de que esa actuación le está provocando daños físicos y morales. “Está afectando negativamente a mi salud y demorando injustificadamente el tratamiento que preciso, ya que además de los dolores en la garganta que padezco periódicamente, existe el riesgo de que la permanente exposición al ácido del estómago provoque daños irreparables en las cuerdas vocales”.

Ha pasado mes y medio desde que Luisa le contó todo esto a la Consellería de Sanidade de Feijóo, que dirige el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña. Pero el Sergas ni siquiera se ha dignado a contestar. Así que ha enviado un requerimiento a la Valedora do Pobo (la Defensora del Pueblo de Galicia en asuntos de competencia autonómica), que sí ha acusado recibo de su petición asegurando que investigará su caso.

Luisa dice que podría permitirse costear un médico privado y hacerse las pruebas que necesita pagándolas de su bolsillo, porque otras veces ha recurrido a la medicina privada. Pero ahora no quiere hacerlo. Afirma que cree en la sanidad pública, que trabajó durante decenios cediendo parte de sus ingresos para financiar a la Seguridad Social y que no piensa dejarse llevar por esa corriente que parece pretender que los hospitales públicos funcionen rematadamente mal para que los pacientes opten por recurrir a los privados cuando aquéllos no resuelvan sus problemas. “Quiero que me traten en la sanidad pública. Es mi derecho. Y no voy a parar hasta que lo consiga”