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Sanidad Castilla y León dice “basta” ante la gestión sanitaria del PP

Los castellanoleoneses reprueban las políticas sanitarias de la Junta, ante los sucesivos escándalos protagonizados por su consejero, la corrupción, los recortes y las listas de espera

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Manifestación por la sanidad pública en Valladolid.

Tres décadas han tenido que pasar desde que José María Aznar llegara a la presidencia de la Junta de Castilla y León, para que se rompa la armonía que siempre reinaba en la comunidad hacia el Partido Popular. Aunque el actual presidente Juan Vicente Herrera se jactaba en la última campaña electoral de que Castilla y León “no estuviera en el mapa de la corrupción”, desde que se iniciara esta legislatura no han dejado de desfilar altos cargos autonómicos del Partido Popular -incluido el presidente autonómico- en las comisiones de investigación de la corrupción creadas en las Cortes.

Casos como la ‘Trama Eólica’, que persigue el pago de comisiones de Iberdrola a sociedades relacionadas con Federico Trillo o Vicente Martínez Pujalte para agilizar la tramitación de parques eólicos en la comunidad, o “La Perla Negra”, que investiga sobrecostes y la adquisición ‘a dedo’ de terrenos en Valladolid para la construcción de la sede de la nueva Consejería de Economía, han contribuido al fin del idilio.

La gestión sanitaria en la presente legislatura, rodeada de recortes, irregularidades y una gestión del consejero reprobada por los partidos de oposición, ha tenido un papel preponderante sobre otras cuestiones. El pasado 20 de enero, los castellanoleoneses rompían con la indiferencia y la falta de predisposición para salir en masa a la calle con una manifestación histórica en Valladolid bajo el lema “Nos duele la sanidad”. Según la organización, se congregaron cerca de 50.000 manifestantes procedentes de todos los rincones de Castilla y León para pedir el fin del maltrato sistemático a la sanidad pública. “Las manifestaciones se producen por la degeneración permanente, hay zonas donde un mismo médico tiene que atender a más de diez municipios y gente que, teniendo una enfermedad como un cáncer, le dan la intervención 200 días después. Para que en Castilla y León la gente salga a la calle tienen que pasar cosas, no somos un pueblo que esté en la calle sistemáticamente”, asegura el procurador de Izquierda Unida en las Cortes autonómicas José Sarrión.

Esas “cosas” que menciona el diputado de IU tienen su origen en la comparecencia de Juan Vicente Herrera en la comisión de investigación que sigue la pista a los sobrecostes en torno a la construcción del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Conforme a las investigaciones, el gobierno autonómico habría incurrido en unos sobrecostes de 657 millones sobre el presupuesto inicial al optar por el modelo PFI (iniciativa de inversión privada, por sus siglas en inglés), en el cual la Junta cede la capacidad de llevar a cabo la obra a una empresa privada y esta alquila el edificio durante 30 años a la administración. Para más inri, este caso tiene implicaciones personales para Herrera. Según desveló Eldiario.es, uno de los miembros de una de las empresas que conforman la UTE concesionaria del hospital creó una sociedad offshore en Panamá con el hermano del presidente de la Junta, mientras se sucedían los modificados y posteriores sobrecostes en el HUBU. Las empresas encargadas no recibieron ninguna multa cuando, a falta de un mes y medio para la finalización de la obra, llevaban ejecutada la mitad de la inversión prevista y se indemnizó a la UTE con 90 millones por “modificación del contrato y lucro cesante”.

Edificio del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Un consejero de Sanidad reprobado por los escándalos, los recortes y las privatizaciones

Más allá de la corrupción, todas las miradas que afean la gestión sanitaria de la Junta se centran en el consejero de Sanidad Antonio María Sáez Aguado. Entre las acciones que han dinamitado su figura está el envío de una carta de ‘autoapoyo’, supuestamente firmada por los jefes de servicio de varios hospitales defendiendo su gestión, en la que aparecía su autoría en los metadatos del documento de Word. “Hasta hace unos años los jefes de servicio accedían al puesto por concurso de oposición o de méritos, ahora se elige a dedo y para ser directivo tienes que ser amigo del Partido Popular. No se rige por la profesionalidad y eso repercute en que están mucho más preocupados por satisfacer a sus jefes políticos que en gestionar las áreas sanitarias que les corresponden”, asevera el diputado de Ciudadanos Manuel Mitadiel, quien increpa al consejero de Sanidad que haya dejado de invertir en equipamiento sanitario diez millones en el último año.

El capítulo más sangrante que afecta a la población castellanoleonesa es la tijera aplicada por el gobierno autonómico. Según cálculos de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, los recortes acumulados en sanidad en los últimos ocho años alcanzan los 3.434 millones. “Con datos en mano, la sanidad en el año 2012 suponía el 35% del total del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Hoy es un 33%, dos puntos menos. El capítulo de personal se ha reducido en un 14% en los últimos cinco años por la desaparición de profesionales, reducción de salarios y aumento de interinidades. Somos la comunidad con menor número de personal médico por centro”, desarrollaba la diputada de Podemos Laura Domínguez el pasado miércoles en sede parlamentaria.

A pesar de que las cifras oficiales no sitúan a Castilla y León entre las comunidades con mayores listas de espera quirúrgicas, sí en el apartado de consultas generales, los datos que aporta la Consejería de Sanidad están sometidos a un maquillaje previo. Así lo desvelaba en abril del pasado año la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, a partir de un estudio en el famoso HUBU, con la publicación de un documento en la que se daban instrucciones para alterar las cifras de listas de espera quirúrgicas operando los casos menos graves y que requerían menor tiempo.

Antonio María Sáez Aguado consejero de Sanidad de Castilla y León.

La responsable del área de salud de Izquierda Unida Carmen Franganillo detalla la odisea y la eternización de las listas de espera en la comunidad autónoma: “Cuando llegas a la primera consulta con tu médico de cabecera te derivan a un especialista. Para la primera consulta con el especialista pasan seis meses, ahí te mandan unas pruebas que tardan otros tres y seis meses para después volver a tu médico correspondiente. Según saltas de una consulta a otra, entras en una lista de espera diferente. Cuando obtienes algún resultado ha pasado más de un año”.

El portavoz regional de Podemos Pablo Fernández acusa a la Junta de mentir deliberadamente sobre las listas de espera: “La realidad es que han aumentado en un 15% en lo que respecta a la lista de espera de especialistas y en un 42% en las consultas para hacer pruebas diagnósticas. El Partido Popular, en vez de optar por abrir quirófanos por la tarde en la sanidad pública o contratar mayor personal, se decanta por externalizar y hacer conciertos con clínicas privadas que se están llevando millones de euros y que no están reduciendo las listas de espera”. Su compañera Laura Domínguez manifestaba en el último pleno cómo el presupuesto sanitario público en 2016 creció por debajo del gasto sanitario privado, un 2% frente a un 3,2%.

Para el portavoz de las plataformas regionales en defensa de la sanidad pública Luis Ocampo, que han encabezado la oposición y las manifestaciones contra la gestión sanitaria de la Junta, los intentos de privatizar la sanidad forman parte de un plan deliberado: “En los últimos años, hay un relato de que la sanidad pública es un problema de muy difícil mantenimiento y un pozo sin fondo. Eso es absolutamente falso y no se basa ningún dato objetivo. El sistema sanitario español era de los más baratos de Europa y de los que mayor cobertura daba la población antes de que empezaran los recortes. En la gran mayoría de provincias de Castilla y León es el sector público sanitario quien más trabajo genera”.

Los pacientes del mundo rural, los grandes olvidados

La otra gran crisis que atraviesa Castilla y León está ligada a la despoblación y el envejecimiento de la población a lo largo de su vasto territorio. La comunidad autónoma es la que posee menor densidad de población, 26 habitantes por kilómetro cuadrado, empatada con Extremadura y Castilla-La Mancha. En el saldo poblacional, Castilla y León ha perdido en la última década 125.299 habitantes menos que hace una década, solo superada por Canarias (138.858).

Estas cifras se ven reflejadas en una desatención y dispersión de la población rural

Estas cifras se ven reflejadas en una desatención y dispersión de la población rural de la comunidad, con ausencia de empleo y de servicios públicos como educación o transportes. En el ámbito sanitario, esa desprotección se ha resuelto aumentando el número de consultorios locales, muy por encima de la media del resto de España, con una proporción de 14 consultorios locales por cada centro de salud de cabecera (la media nacional es de 3,3).

Esta idiosincrasia de la comunidad supone que los médicos de atención primaria tengan que recorrer a diario unos varios municipios para atender a una población muy minoritaria, sin incentivos de ningún tipo. Así lo expone desde su experiencia Carmen Ámez, médica de familia y secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien aboga por una remodelación del modelo de atención rural: “La realidad rural de Castilla y León es muy diferente a la de Andalucía, en la que los núcleos rurales tienen como mínimo 2.000 habitantes, en nuestra comunidad hablamos de zonas habitadas por 50 personas. La realidad es que los consultorios locales permanecen abiertos muy poco tiempo y requieren un desplazamiento constante del médico. Yo he tenido que desplazarme muchos kilómetros a un consultorio local simplemente para tomar la tensión a una persona. Eso puede dar réditos políticamente, pero la sanidad se acerca al ciudadano mejorando las carreteras y el acceso los transportes públicos. Un consultorio no son solo cuatro paredes, tiene que tener recursos humanos y equipamientos básicos como una medicación de urgencia, un tensiómetro o un esfigmomanómetro, que no existen en esos pequeños centros”.

Luis Ocampo, portavoz regional de las plataformas en defensa de la sanidad pública, pone el énfasis en la accesibilidad como una cuestión primordial para la atención primaria: “Es básico que la gente tenga lo más cercano posible su centro de atención sanitaria, teniendo en cuenta que hay un envejecimiento importantísimo de la población rural”. Sin embargo, Ocampo no es partidario de suprimir consultorios locales porque “no solo empeoraría la calidad de la atención, sino que probablemente incrementaría la carga de trabajo de los profesionales, aumentando la atención domiciliaria en los núcleos de población en los que se hubiera suprimido el consultorio”.

Desde la oposición en las Cortes, los grupos consideran primordial reforzar las plantillas que, en Atención Primaria, rondan el 34% de las plazas sin cubrir y una tasa de reposición del 10%. En el apartado de personal tampoco puede sacar pecho la Consejería de Sanidad, a comienzos de año el Tribunal Superior de Justicia de la región condenaba a la Junta por doble fraude en la contratación de médicos y enfermeros interinos, que encadenaban contratos temporales durante ocho años. La pasada semana todos los grupos de la oposición han pedido su dimisión y ha sido reprobado en las Cortes, pero nada parece indicar que el consejero se arrepienta de su gestión y sus escándalos.