8 de los 12 expertos en pensiones han estado a sueldo de la banca y las aseguradoras

Urgido por la troika, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto como uno de sus objetivos perentorios para 2013 una nueva reforma de las pensiones que vendría a completar la que impulsaron los socialistas en 2011. Después de restringir hace unas semanas la jubilación parcial y anticipada, el Ejecutivo del PP, a través de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha abierto otro frente polémico: sacar adelante el llamado factor de sostenibilidad.

El pasado 12 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de un comité de doce expertos para que emita un informe sobre cómo debe ser ese factor de estabilidad. La composición de este comité ha levantado muchas suspicacias entre oposición y sindicatos. Está muy extendida la sospecha de que en realidad Rajoy y su equipo buscan dar otro tajo a las pensiones. Según esa misma versión, para dar coartada a ese nuevo recorte, el Gobierno ha recurrido a la patronal bancaria y aseguradora incluyendo a algún sabio vinculado con los sindicatos para disimular. De hecho, según informaba el diario infolibre el pasado 18 de mayo, sólo tres de esos doce expertos seleccionados por el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones. 

El factor de sostenibilidad no es más —pero tampoco menos— que una fórmula matemática por la que el Gobierno del PP quiere que en el futuro se revise la cuantía de las pensiones. Según el farragoso argumentario del PP, el factor de estabilidad "tiene el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, para garantizar todas las pensiones". Gracias a esta fórmula se determinarán en un futuro la edad de jubilación o el cálculo de la prestación final introduciendo en dicha fórmula factores como la esperanza de vida, el número de cotizantes del sistema o la coyuntura económica. Su importancia, por tanto, es elevada porque determinará el ajuste de las pensiones del futuro.

Aunque según la reforma aprobada en 2011 por los socialistas, que elevó la edad de jubilación a 67 años, el factor de estabilidad debía ser introducido en 2027 y empezar a actuar cinco años después, en 2032, el ministerio de Empleo ha decidido dar prioridad a esta reforma. Dicho informe deberá estar listo el 31 de mayo —el comité apenas se reunirá cuatro veces antes de emitir su dictamen—para que luego el Gobierno lo someta a debate en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El documento será la base para negociar con el resto de grupos políticos.

Casi nadie entiende tanta prisa. Detrás de las urgencias del Gobierno se vislumbra la sombra de Alemania, país que aplica el factor de sostenibilidad desde 2005 y que nunca ha ocultado que hay que reformar el actual sistema de pensiones en Europa. Uno de los expertos nombrados por el Gobierno, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado a UGT y propuesto por el PSOE, se quejaba el mes pasado de que el proceso "está muy condicionado porque el Gobierno lo reduce todo a un problema financiero". "Es la única razón que puedo adivinar detrás de las prisas que tiene el Gobierno para adelantar la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad", afirma este catedrático para quien es un error tomar ahora una decisión sobre el sistema de pensiones "condicionada por la coyuntura, las políticas de austeridad y la rebaja del déficit".

El presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, quien ha colaborado en varias ocasiones con FAES

Sabedor de que en esta materia el consenso es casi imprescindible si no quiere capitalizar él solo todo el desgaste político, el Gobierno vendió la creación de este comité de expertos como una garantía de independencia y pluralidad. Reclutó a los doce expertos en diferentes ámbitos y sectores y, sobre el papel, forman un equipo multidisciplinar y heterógeneo.

Pero abundan los que provienen del mundo de la banca, de la empresa y de los seguros. Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados. Eso alimenta los recelos de la oposición, aunque también los hay que vienen de la universidad o de los sindicatos. Dos incluso han sido propuestos por el PSOE. Muchos son catedráticos, de Derecho, de Economía y Hacienda Pública; hay también economistas actuariales —expertos en evaluación de riesgos—, algún especialista en mercados financieros, un sociólogo y hasta un periodista.

Hay otro fundamento para la sospecha: el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el discurso ideológico del PP.   

Los recelos de la oposición se dispararon aún más cuando el ministerio de Empleo presentó a finales de abril un informe preliminar sobre el factor de sostenibilidad antes incluso de esperar al dictamen de los sabios. En ese documento se  enumeran las principales "tendencias" que se han adoptado en el resto de Europa para reformar las pensiones. Todas apuntan hacia pensiones de menor cuantía en el futuro.

Mientras se espera el dictamen de los expertos, en las últimas semanas otros informes sobre el factor de sostenibilidad patrocinados por entidades privadas han florecido como setas después de la lluvia. Uno de ellos es el de UNESPA, la patronal del seguro. En su elaboración participaron dos miembros del comité designado por el Gobierno: el propio Víctor Pérez-Díaz y Rafael Doménech, jefe de estudios del BBVA.

El informe de UNESPA sostiene la tesis de que en el futuro habrá más jubilados entre los que repartir los recursos de la Seguridad Social por el aumento de la esperanza de vida, por lo que será necesario reformar ahora el sistema para hacerlo más sostenible, a partir de una fórmula de cuentas personales que vinculen cotizaciones aportadas y esperanza de vida de cada jubilado, a complementar con otros productos de ahorro privados.

Izquierda y sindicatos temen que el dictamen de los expertos sea favorable a la tesis del Gobierno de recortar las pensiones

Otro informe, impulsado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), institución que ejerce en la sombra como servicio de estudios del ministerio de Economía, emitió hace pocos días un informe en el que abogaba por rebajar entre el 22% y el 45% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. 

Ante este escenario, los partidos de izquierda y sindicatos temen que el informe que elabore el comité será favorable a las tesis del Gobierno de dar otro hachazo a las pensiones. Nada más conocer la composición del comité, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo: "El Gobierno está orientando en un sentido claramente negativo al comité". Méndez advirtió al Gobierno de que si seguía con esta reforma se encontrarían con una confrontación "muy seria" de los sindicatos.

No menos duros fueron los mensajes lanzados por la oposición, especialmente por el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Su portavoz en la comisión de Empleo del Congreso, Joan Coscubiela, fue tajante el mes pasado al valorar a los expertos elegidos: "El grupo tiene sexo e ideología. Sin menospreciar su capacidad intelectual actúan de parte ya que en su inmensa mayoría provienen provienen del sector bancario y asegurador, a pesar de que los mejores expertos en Seguridad Social los tiene el ministerio". 

Coscubiela fue muy gráfico al resumir la situación: "La ministra Báñez ha encargado a los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola. Tememos que el sector asegurador sea el que haga la revisión del sistema público de pensiones, e intentaremos evitarlo". 

Las críticas no llegan sólo desde la oposición. Dentro del comité hay alguna voz discrepante. Santos Ruesga verbalizaba el pasado mes de abril en  infolibre todos los temores de la izquierda: "El Gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato".

En cualquier caso, será el informe que elaboren estos doce expertos el que sirva de base para empezar unas negociaciones sobre la próxima reforma de las pensiones. Las conversaciones entre Gobierno y oposición se prevén duras, tensas y no estarán exentas de polémica y acusaciones mutuas. Todos saben que el de las pensiones es un asunto muy sensible para la ciudadanía, a la que será muy difícil convencer de que acepte sin rechistar un nuevo recorte en unos de los pilares del bienestar por muchos informes de expertos que lo avalen.

Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es conocido en los círculos de la derecha como el sociólogo liberal. Además de su actividad docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como  del despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.

Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación.  Además, es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados. Fue  subdirector de la Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana era vicepresidente económico. Asesoró a los entonces presidentes Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. También fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo. Es catedrático de Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares.

Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB). Su especialidad es la economía actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y en la econometría de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español. Es la única mujer del comité.

Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces). Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libro La economía política de las pensiones en España, editado por la Fundación BBVA. 

José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados financieros.

José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.

Miguel Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y Estudios. Antes fue responsable de comunicación.

Miguel Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los pocos que defiende un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

José Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista.

Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a propuesta del PSOE. Representó a UGT en el consejo de administración de RTVE. Autor del informe Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España.