El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha revisado la situación de los Juzgados de Ejecutorias Penales de España. como le ordenó el presidente del órgano, Francisco José Hernando. Su escandalosa conclusión es que tienen 269.405 sentencias pendientes de ejecutar.

En esa cifra están incluidas todas las condenas impuestas por los Juzgados de lo Penal de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián, ciudades en las que hay juzgados que se dedican exclusivamente a ejecutar lo sentenciado por los demás. Así el resto de los juzgados encargados de castigar con hasta seis años de cárcel en estos lugares están más liberados para juzgar otros delitos y dar una respuesta más rápida al ciudadano que acude a la Justicia.

Hasta cumplir la condena

Como sentencias pendientes de ejecutar se entienden todas las condenas dictadas, que ya son firmes, en las que se ha iniciado el trámite de ejecución. No se consideran ejecutadas hasta que el condenado no termina de cumplir la pena impuesta, por lo que la cifra de sentencias pendientes de ejecutar no tiene por qué ser tan negativa como a primera vista parece, aunque refleja la lentitud que arrastra la Justicia.

En cualquier caso, la situación de estos juzgados es complicada y, si no se toman medidas, puede agravarse. La carga de trabajo que han soportado entre 2005 y el año pasado los Juzgados de Ejecutorias de Baleares ha superado en un 82,3 % la que estaba previsto para ellos. Los de Barcelona también lo han hecho en un 52,24, los de Valencia en un 99,62, los de Bilbao en un 80 y los de Madrid en un 21. Por eso, el Servicio de Inspección propone una serie de medidas para mejorar los Juzgados de Ejecutorias, que un vocal del CGPJ define como un "cuello de botella" creado, en su opinión, por los juicios rápidos puestos en marcha por el PP.

Tras constatar que las medidas de refuerzo puestas en práctica en 2005 han permitido una elevada resolución de asuntos, Inspección propone que en Madrid y Mallorca se nombre un segundo magistrado y otro secretario en cada Juzgado, y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades con competencias cubran las plazas con personal titular (los interinos suponen entre el 10 y el 90 % de la plantilla). También ve imprescindible un sistema informático propio de ejecutorias que detecte las irregularidades.