Entrevista a Toni Morillas"Este 8M las feministas tienen que salir a las calles a gritar 'No a la guerra' "

Toni Morillas (Jaén, 38 años) es la directora del Instituto de las Mujeres. Lleva menos de un año en este cargo y ha sido la responsable de pilotar la reforma de la ley del aborto, uno de los objetivos más importantes del Ministerio de Igualdad en esta legislatura. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en España desde el año 2010, pero, tal  como recomo Morillas en esta entrevista a Público, "es bastante obvio que no está garantizado en el Sistema de Salud Público". Revertir esta situación es el compromiso más importante del Ministerio con la nueva norma, que incluye además bajas laborales por interrupción del embarazo y reglas dolorosas. 

¿Cómo observa el Ministerio de Igualdad de España la situación de las mujeres ucranianas que huyen de la guerra?

Nosotros tenemos un planteamiento muy muy nítido de la historia y la genealogía del feminismo ha estado siempre estrechamente vinculada con la historia del pacifismo y con la reivindicación de utilizar un método de resolución de los conflictos diferente al del uso de la fuerza, que, por otro lado, es un valor intrínsecamente vinculado con los valores hegemónicos de la masculinidad.

Nosotras defendemos que este 8 de marzo tiene que ser un 8 de marzo donde las feministas salgan a la calle a gritar 'No a la guerra', a poner sobre la mesa la necesidad de que se utilice la vía diplomática, tal y como recomiendan las Naciones Unidas. Porque el entrar en una escalada armamentística lo único que va a hacer es prolongar la guerra y el sufrimiento de todas las personas y, particularmente, de las mujeres.

Las mujeres siempre hemos sido el primer territorio atacado en los contextos de guerra. Siempre hemos visto cómo nuestros derechos han sido absolutamente arrollados en los contextos de guerra y las mujeres, las feministas, tenemos una trayectoria extensa de defensa del pacifismo y de la utilización de otro tipo de métodos para resolver los conflictos. La historia de las feministas es una historia de defensa de la vida frente a la dialéctica de la muerte. Yo creo que esto toca también reivindicarlo este 8 de marzo, poner la vida en el centro frente a la dialéctica de la muerte y denunciar como en la guerra se ligan los intereses imperialistas con los intereses económicos y patriarcales.

Se llega a este 8M con una cifra oficial de cinco mujeres asesinadas por violencia machista y se investigan otros dos crímenes de la semana pasada. En uno de ellos había denuncia por malos tratos  y una orden de alejamiento. ¿Identifican en qué momento el sistema le falló a esta mujer?

No podemos estar satisfechas en el momento en el que haya una sola mujer para la que no lleguemos a tiempo. Nosotras estamos haciendo un esfuerzo importante en intentar que la política de lucha contra la violencia machista sea una política de Estado y pongamos a disposición todos los recursos. Aún así, nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos en agenda la modificación de la Ley 1/2004, precisamente, para reforzar todos los recursos que hay y que sea un marco normativo que nos permita poner en marcha instrumentos de protección mucho más fuertes y sólidos para atender todas las situaciones de violencia machista. Por tanto, en esa línea venimos trabajando y es el trabajo que también tenemos por delante.

¿En qué va a consistir esa modificación de la Ley 1/2004?

Ya se hizo la consulta pública recientemente y uno de los elementos que están sobre la mesa es que esta ley pueda ser una ley marco que recoja todas las violencias machistas que se reconocen en el Convenio de Estambul. Probablemente esta sea una de las principales cuestiones que el Ministerio de Igualdad desde el minuto uno ha tenido en su agenda política: el tener instrumentos eficaces para atender todas las formas de violencia machista, para atender a todas las víctimas y para que el Estado asuma todas las obligaciones que le corresponden.

Este martes, Día de la Mujer, el Consejo de Ministros aprobará el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y hombres. ¿Qué novedades incorpora?

Estamos de enhorabuena porque España llevaba desde el año 2017 sin tener un Plan Estratégico de Igualdad. Es un hito relevante que por fin vayamos a tener el que, probablemente, será el principal instrumento para garantizar que las políticas de igualdad se desplieguen de manera transversal en todas las áreas y en todos los departamentos del Gobierno. 

El Plan Estratégico contiene toda una serie de medidas que van a permitir de manera prioritaria atender la situación de las mujeres que habitan los suelos pegajosos, que son la mayoría de las mujeres, y abordar la necesaria reorganización de los cuidados. Cómo hacemos para que el Estado se responsabilice de los trabajos de cuidados que venimos haciendo las mujeres de manera invisible, y no remunerada, históricamente, y cómo hacemos para eliminar la brecha de género que sigue existiendo en todos los ámbitos laborales y muy particularmente en aquellos sectores que están más feminizados y que son precisamente los más precarizados. Este Plan nos va a permitir poner los instrumentos para que la transformación del modelo socioeconómico que debemos de abordar para que se ponga la vida en el centro sea impulsado por parte de este Gobierno en los próximos cuatro años.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado las claves de la reforma de la ley del aborto que ha pilotado el Instituto que dirige. La primera, garantizar lo que ya debería estar garantizado que es el acceso al aborto en el sistema de sanidad público, ¿Cómo lo van a hacer?

Efectivamente debería estar garantizado y ser equiparable a cualquier otro tipo de prestación que forma parte del Sistema Nacional de Salud pero, desde que se aprobara la ley en 2010, es bastante obvio que esto no está siendo así. Nosotras estamos planteando la necesidad de que, por un lado, consigamos armonizar el derecho individual de los profesionales a la objeción de conciencia, con el derecho que tenemos todas las mujeres a disponer de nuestro cuerpo e interrumpir voluntariamente nuestro embarazo.

Hemos planteado utilizar como referencia lo que ya existe en la ley de eutanasia que es el registro de objetores. Es decir, que las personas que sean objetores de conciencia formen parte de un registro que permita que las distintas Consejerías de Sanidad garanticen, teniendo esa información, que en todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia, hay profesionales que garantizan la interrupción del embarazo. Que se garantice a través de lo público es la clave para hacer que todas las mujeres podamos acceder al aborto y se acabe con prácticas como las que hemos estado viendo de acoso a las mujeres que acuden a las clínicas, o a las propias trabajadoras de las clínicas

Van a eliminar también los tres días de reflexión.

Vamos a eliminar todos los elementos que son deudores de cierta tutela patriarcal sobre la mujer. Estamos hablando de la eliminación de los tres días de reflexión y de la eliminación del requisito de información en el famoso famoso sobre. Estamos hablando también de que se garantice el derecho a la información. 

Hemos hecho un refuerzo importantísimo que pasa por poner en marcha una línea telefónica sobre información en materia de derechos sexuales y reproductivos. De manera que, cuando una mujer decida abortar pueda levantar el teléfono, pueda llamar y pueda tener una información clara de a dónde tiene acudir, cuáles son los derechos que tiene reconocidos y qué hacer si en alguno de los distintos momentos de ese procedimiento ve vulnerado alguno de sus derechos.

Habrá también un permiso laboral retribuido para la interrupción del embarazo. ¿Cómo se va a articular?

Lo que hemos puesto encima de la mesa es que cuando se produce una interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, las mujeres puedan, a través de la incapacidad temporal, acceder en unas condiciones, por decirlo de alguna manera, más favorable. Esto nos parece algo que debería estar normalizado y que, de alguna manera incluso, ya viene existiendo, por tanto, se va a poder garantizar a través del instrumento de la incapacidad temporal que ya está recogido y que tiene todas las garantías.

La ley incluirá una baja laboral por reglas dolorosas. ¿En qué consiste?

Los datos que conocíamos es que una de cada dos mujeres tiene una regla dolorosa y que una de cada cuatro mujeres tiene dificultades para acceder a los productos de gestión menstrual. En nuestro país tenemos un problema con el cuerpo de las mujeres y tenemos una dificultad para reconocer la menstruación como un proceso fisiológico que debe de ser generador de derechos. Por un lado generador de derechos laborales y, por otro lado, también hay que garantizar una accesibilidad plena a los productos, que son productos de primera necesidad y deberían de ser tratados como tal.

La reforma de la ley del aborto plantea un instrumento que permita que, cuando se tengan reglas dolorosas que produzcan situaciones de incapacidad temporal, se pueda solicitar y acogerte a él. También hemos planteado dos propuestas que pretenden acabar con la pobreza menstrual: garantizar la distribución gratuita de productos de salud menstrual en centros educativos, centros de servicios sociales y en centros públicos como las cárceles, y que podamos aplicar una reducción del IVA de manera que sean tratados como productos de primera necesidad.

La vacuna contra la Covid-19 y los efectos secundarios que produce abrió el debate sobre los efectos secundarios que produce en las mujeres en las mujeres la píldora anticonceptiva. ¿El Sistema Nacional de Salud presta suficiente atención a esto?

Nosotras estamos convencidas de que hay que aplicar también la mirada de género y la perspectiva de género al Sistema Nacional de Salud y ahí tenemos un reto por delante importantísimo.  Hasta hace poco no se utilizaban los protocolos adecuados, por ejemplo, para identificar una situación de infarto en una mujer y hoy ya sabemos que los síntomas de un infarto en una mujer son absolutamente distintos a los de un hombre. Por tanto, seguimos teniendo un sistema de salud androcéntrico y entre otras cosas, para esto vale el Plan Estratégico de Igualdad, para que podamos impulsar políticas que permitan que el sistema de salud no sea invisible a la realidad y a las necesidades de la mujer.

¿Existe violencia obstétrica en España?

Lo dicen los organismos internacionales. El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas le ha llamado la atención a España y le ha hecho una serie de recomendaciones diciendo que en España se produce una violencia obstétrica que requiere de actuaciones por parte de los poderes públicos. 
Cualquier mujer que haya pasado por un paritorio sabe que que hay prácticas que tienen que ver con una cultura biomédica profundamente androcéntrica y que requieren de una de una revisión y una transformación profunda. Por ejemplo, la maniobra de Kristeller, que es una práctica absolutamente común en nuestro país, en una práctica que en otros países está calificada como una forma violenta. El número de episiotomías que hay en nuestro país están muy por encima de lo que recomiendan los estándares internacionales. 

Nosotras lo que estamos planteando es que cumplamos con esos estándares internacionales y que cumplamos con esas recomendaciones que por parte de los organismos internacionales se nos está haciendo a nuestro país y que, básicamente, pasa por fortalecer las políticas de prevención y la formación de lo de los profesionales.

¿Está siendo difícil llevar la sexualidad al debate político?

La sexualidad forma parte del debate político, es decir, forma parte de la conversación nacional, forma parte de la vida de las personas y ahora forma parte también del debate público. Por parte del movimiento feminista se viene poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo que el Estado asuma la necesidad de poner la sexualidad en el centro del debate político para reconocer los derechos sexuales que tenemos.

¿Qué va a ser lo más difícil de negociar sobre esta ley con el PSOE?

Yo creo que hay un compromiso político por parte de todo el Gobierno y que forma parte del pacto del Gobierno de coalición la necesidad de avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos. Nosotras ya hemos hecho una propuesta de texto y se está trabajando con con el Ministerio de Sanidad. Estamos seguras de que como estamos de acuerdo en lo fundamental, que es que garanticemos todos los derechos sexuales y reproductivos, nos vamos a poner de acuerdo en el instrumento más efectivo para hacerlo.

Colombia ha despenalizado el aborto hasta la semana 24. ¿Esto abre la puerta a un debate sobre los plazos en España?

En España el debate de los plazos está resuelto. Se resolvió con la ley de 2010. Si miramos los datos de aborto en nuestro país, vemos que en torno a un 70 por ciento de los abortos se producen en las ocho primeras semanas de embarazo y que en torno a un 20, aproximadamente, se produce entre la semana 9 y la semana 14. Por lo tanto, no hay nada que indique que tengamos que abordar una revisión de los plazos, que es uno de los consensos centrales que permitió sacar adelante la ley en el año 2010. Va a ser un tema que no vamos a tocar.

Hay una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determina que España discrimina por sexo a las trabajadoras del hogar al no permitirles cotizar por desempleo ni acceder a este subsidio. ¿Se está trabajando en esto desde el Ministerio de Igualdad en colaboración con otros ministerios del Gobierno?

Nosotras venimos diciendo desde el minuto uno la necesidad de abordar la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con el conjunto de la clase trabajadora. Estamos convencidas, tal y como dice esa sentencia, de que la realidad laboral que se produce en el ámbito de las trabajadoras del hogar está directamente relacionada con que son trabajos de cuidados atribuidos a las mujeres.

El trabajo que se está haciendo por parte del Ministerio de Trabajo y que está ya muy avanzado, tal y como ellos mismos han anunciado, es el proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT, que va a permitir, una vez que se haga, que esperemos que sea pronto, abordar todas las modificaciones normativas para que podamos atender a un objetivo que es un objetivo de justicia con las trabajadoras del hogar. Pero es también un ejercicio que trasciende a las trabajadoras del hogar. Es decir, reconocer la necesaria equiparación de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar supone reconocer el valor de los trabajos de cuidado en nuestra sociedad y en nuestro país. Es algo que hay que garantizar que se haga cuanto antes.