El abogado David Mills asegura que no fue Berlusconi quien le dio el dinero

El abogado inglés David Mills, condenado a cuatro años y medio de prisión por mentir a los jueces a cambio de 580.000 dólares para proteger al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, asegura que el magnate y político no fue quien le dio el dinero.

En una entrevista publicada hoy por el diario "La Repubblica", Mills afirma que deja "las reacciones a mis abogados para después de que hayan analizado bien las motivaciones de la sentencia. Pero una cosa es cierta y tengo que decirla rápidamente: No fue Berlusconi quien me dio el dinero".

Mills dice que apelará la sentencia, cuyas motivaciones, conocidas ayer, aseguran que mintió al juez para "proporcionar impunidad a Silvio Berlusconi y al grupo Fininvest".

Según el Tribunal de Milán, Fininvest, la sociedad de la familia Berlusconi, pagó 580.000 dólares a Mills.

El abogado fue considerado culpable de recibir ese dinero a cambio de falsear su testimonio en dos procesos contra Berlusconi, en los que el político y empresario fue absuelto.

La sentencia indica que el objetivo de Mills era "el mantenimiento de los ingentes beneficios logrados" por Berlusconi y su empresa, además de garantizar su impunidad.

Berlusconi, que aseguró que responderá sobre este asunto en el Parlamento, calificó ayer de "escandalosa y contraria a la realidad" la sentencia sobre el juicio de Mills.

El abogado inglés declaró en noviembre de 1997 en el proceso por el supuesto pago de comisiones a funcionarios del Ministerio de Finanzas a cambio de un trato fiscal favorable para la financiera Fininvest.

También en 1998 en el caso "All Iberian", sociedad ficticia creada por Fininvest que supuestamente falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos.

Durante el proceso, Mills exculpó a Berlusconi al asegurar que nadie había intentado corromperle.

El proceso a Berlusconi fue aplazado a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, tras la aprobación el año pasado de una ley que da inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el jefe del Ejecutivo.