Los abogados de FARA intentan que todas las pruebas de cargo sean invalidadas

Los abogados defensores de los implicados en el supuesto desvío para un uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA) intentan invalidar pruebas de cargo de sus clientes a través de las escuchas telefónicas que han sido anuladas.

La Audiencia aprobó la nulidad de las intervenciones telefónicas el pasado año y los letrados ahora, en la fase testifical, pretenden demostrar que todas las pruebas de cargo se consiguieron a través de las escuchas telefónicas.

Esta tesis se contrapone con la del fiscal y varios policías que han declarado esta mañana, que han mantenido que antes de las escuchas telefónicas, los investigadores consiguieron recabar numerosa documental que demuestra que se hicieron numerosos trasvases de dinero de FARA a otras cuentas.

Además, durante la declaración de uno de los inspectores de policía, éste ha subrayado que con el dinero de las subvenciones se hacían prestamos a familiares y amigos de la directiva de FARA, además de numerosos desvíos de dinero.

Entre los imputados se encuentra el ex presidente de la FARA Vicente Rodríguez Arribas, que se enfrenta a una petición fiscal de doce años y medio de prisión.

Los imputados se enfrentan a 88 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda pública, coacciones y amenazas respecto al anterior consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.

Respecto a las amenazas a Pérez Saldaña uno de los agentes que ha comparecido en calidad de testigo ha asegurado que "estaba muy asustado y nervioso y que el ex consejero llegó a contarles hechos concretos que le había sucedido".

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, de una flota de vehículos de lujo y de cuentas bancarias y el uso de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

Respecto a las amenazas al ex consejero de Asuntos Sociales, la Fiscalía entiende en su escrito acusatorio que "fue presionado fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana", que hubo un robo en su domicilio y llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían de que tuviera cuidado.