Se abre la vía para que el sector privado financie obra pública

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, presentada por el Gobierno como la norma que permitirá transformar el modelo productivo, agotado tras el crash inmobiliario.

La ministra de Economía, Elena Salgado ha explicado que presentará a los agentes sociales (esta tarde) y a los representantes de las administraciones las medidas que recoge una ley "que coincide con los planteamientos de sostenibilidad que se están imponiendo en organismos como el G-20 y la Unión Europea".

Una vez recogidas las recomendaciones del resto de agentes, la Ley volverá al Consejo de Ministros, donde ya quedará lista para la tramitación parlamentaria. Es una "ley ambiciosa que propone un proyecto de país", ha dicho la ministra.

Ha desgranado Salgado los principales puntos del anteproyecto. En infraestructuras, una de las grandes apuestas será el impulso a la colaboración público-privada para financiar y acometer nuevos proyectos.

La principal novedad es que se abrirá la vía para regular las sociedades mixtas, una fórmula inédita en España. Se crearán consorcios para cada proyecto en los que el Ministerio de Fomento tendrá el 50% del capital (por ejemplo, a través de la entidad pública SEITT) y el otro 50% será de las constructoras adjudicatarias. Economía y Fomento aún discuten la fórmula para que estas sociedades mixtas no computen como gasto en las cuentas públicas. Bruselas deberá aprobar que la inversión productiva en infraestructuras no compute a efectos de déficit, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

El Estado y el sector privado financiarán a medias el 30% del coste de las obras

La fórmula de las sociedades mixtas quedó fuera del proyecto de Ley de Captación de Financiación para concesiones que se aprobó en octubre. Ahora, probablemente se concretará finalmente en el Plan de Colaboración Público-Privada que el ministro de Fomento, José Blanco, quiere tener listo antes de 2010. Este plan es la base que permitirá una inversión extraordinaria de 15.000 millones.

El esquema de financiación para estos proyectos ya está muy avanzado. El 50% lo financiará el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 20% el Instituto de Crédito Oficial, como ya anunció Fomento. Ahora, fuentes conocedoras del plan explican que el restante 30% lo aportarían, a partes iguales, el Estado y las empresas. Fomento negocia con los bancos su disposición a financiar ese 30%. Una de las garantías que estudia ofrecerles es que las infraestructuras tengan la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración, según varias fuentes consultadas.

Otro aspecto que incluirá la futura Ley es el impulso al transporte sostenible, cuyo máximo exponente es el ferrocarril. Fomento quiere potenciarlo como medio para viajeros pero también para el transporte de mercancías, muy poco desarrollado en España.

El resto de los fondos provendrá del BEI, con el 50%, y el ICO, con el 20%

La Ley de Economía Sostenible fue anunciada en mayo pasado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que la explicará el próximo miércoles en el Congreso. La futura norma quiere introducir la sostenibilidad en todos los aspectos de la economía e incluirá medidas transversales que afectarán a toda la acción del Estado. Aunque lo más probable es que el anteproyecto no se publique hasta el lunes, la vicepresidenta económica, Elena Salgado (que ha coordinado las aportaciones de los distintos ministerios, bajo la batuta de Presidencia del Gobierno), presentará esta tarde el anteproyecto a los agentes sociales. Será su primer contacto desde el pasado verano, cuando se rompió el Diálogo Social.

El Ejecutivo guardaba ayer silencio sobre el anteproyecto, que incluirá reformas en el sistema financiero y en los reguladores. En este último caso, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), reformada en 2007, parece ser la referencia a seguir. La Ley incluirá medidas para fomentar la internacionalización de las empresas, la lucha contra la morosidad, la sostenibilidad presupuestaria de la Administración y el impulso fiscal a la rehabilitación de vivienda, el alquiler y la I+D+i privada. En materia de energía, se impulsarán las empresas de servicios energéticos, para lograr el objetivo fijado por la UE de tener un 20% de energía renovable en 2020.

Para financiar las medidas, la norma recogerá un fondo de 20.000 millones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinado a proyectos de innovación, tecnología, energía renovable y ahorro energético. Además, se reeditará el Plan E, dotado con 5.000 millones y que esta vez estará restringido a proyectos sostenibles de ámbito local.

Sostenibilidad económica y estabilidad presupuestaria
El proyecto de ley pretende ser tan transversal que también incluirá criterios para hacer sostenible el conjunto del sistema económico, incluidas las cuentas del Estado. Según el nuevo modelo de patrón económico, el déficit debe ser corregido para ser más eficientes.