En un pleno celebrado a principios de octubre, el Parlament de Catalunya aprobó el nombramiento de la investigadora Nour Salameh y la activista y escritora Remei Sipi como miembros de la junta de gobierno del Institut Català Internacional de la Pau (ICIP). Este hecho, que en principio no tendría nada extraordinario, se ha convertido casi en una excepción en los últimos años, en los que la incapacidad de los grupos para alcanzar acuerdos amplios ha provocado que más de 100 cargos nombrados por el Parlament de Catalunya -correspondientes a un total de 28 órganos- tengan el mandato caducado y, por lo tanto, estén pendientes de renovación.

El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) son algunos de los órganos con los cargos directivos total o parcialmente caducados, en algunos casos con la renovación pendiente desde hace más de seis años. Sin embargo, la situación puede resolverse en unas semanas si culminan con un acuerdo las reuniones iniciadas entre PSC, ERC y JxCat.

¿Pero cómo se explica esta situación? La clave es que en la mayoría de casos son cargos que necesitan mayorías calificadas para ser nombrados, es decir, no les basta con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados. La polarización que ha vivido la cámara catalana en los últimos años, especialmente importante durante la pasada legislatura -cuando Cs era la primera fuerza, con 36 escaños-, imposibilitó en la práctica la consecución de acuerdos para renovar cargos que demandan el voto del 60% de los parlamentarios -81 diputados de un total de 135- o, incluso, de dos tercios -90-. El hundimiento del partido de derechas, el retorno del PSC a una posición preeminente -se impuso en las elecciones del 14 de febrero- y la sensación de que la política de bloques impermeables comienza a resquebrajarse ha modificado el escenario. De hecho, entre los dos grupos del gobierno y los socialistas suman 98 diputados, por lo que poniéndose de acuerdo podrían renovarse el más de centenar de cargos con el mandato caducado.

Precisamente este miércoles, diputados de los tres grupos mayoritarios se reunieron en el Parlament para empezar a abordar la cuestión y se emplazaron a seguir hablando del tema. La voluntad, expresada por la portavoz del PSC, Alícia Romero, sería extender el entendimiento al resto de grupos parlamentarios, pero dejando claro que la propuesta la deben "abanderar" socialistas, republicanos y JxCat. En el debate de política general celebrado en setiembre, la cámara ya aprobó una propuesta de resolución -con el voto de estos tres grupos, además de los de la CUP y de En Comú Podem- para acelerar la renovación de los cargos y organismos con el mandato caducado que dependen del Parlament. La propuesta también ponía el acento en que la mitad de cargos nombrados sean mujeres. Repasamos los principales organismos que arrastran esta situación.

La interinidad del gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio

La interinidad se ha convertido en la norma en el consejo de gobierno de la CCMA, el órgano rector de TV3 y Catalunya Ràdio. Sus cuatro integrantes -Núria Llorach, Rita Marzoa, Armand Querol y Antonio Peman- acumulan un mínimo de más de tres años y medio con el cargo caducado (Marzoa) y un máximo de más de seis años y medio -superan los 2.400 días en funciones-. En concreto, cada tres años se deben renovar la mitad de los consejeros del ente, pero ni el 30 de marzo de 2015 ni el 30 de marzo de 2018, cuando debería haberse hecho, se escogieron nuevos miembros. Además, Llorach ejerce de vicepresidenta con funciones de presidenta de la CCMA desde junio de 2018, cuando el entonces presidente, Brauli Duart, dejó el cargo para irse al Departamento de Interior. Llorach cobra cerca de 120.000 euros anuales En 2019 el Parlamento aprobó que el consejo de gobierno de la CCMA pasara de siete a seis integrantes y que fuera necesario una mayoría de dos tercios de los diputados para aprobar sus miembros. La cámara también debe escoger a los 16 miembros del consejo asesor de contenidos y programación de la CCMA.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) también acumula años con los mandatos caducados. De entrada, sólo cuenta con tres miembros, cuando por ley debería tener cinco, después de la marcha en mayo del 2020 de Salvador Alsius por jubilación y de Yvonne Griley el pasado junio para convertirse en la nueva directora general de Asuntos Religiosos del Gobierno de la Generalidad. El presidente del CAC desde julio de 2012 es Roger Loppacher, que debería haber finalizado el mandato seis años después, sin opción de renovarlo. El mismo año también terminaba el mandato el exdiputado del PP Daniel Sirera, mientras que todavía acumula una mayor caducidad Carme Figueras, ex diputada del PSC, que debería haber cesado en julio de 2016, es decir, hace más de cinco años. Para escoger a los miembros del gobierno del CAC es necesario el voto favorable de tres quintas partes del Parlamento, es decir, de 81 diputados.

Síndico de Greuges

Rafael Ribó acumula 17 años y medio como Síndic de Greuges de Catalunya, un cargo por el que fue elegido en junio de 2004. El 1 de marzo de 2010 fue renovado, ya bajo la nueva ley del Síndic, que establece mandatos de nueve años y demanda el voto favorable de tres quintas partes del Parlamento. Su mandato, por tanto, debería haberse terminado el 1 de marzo de 2019, de modo que se acerca a los tres años de interinidad y ejerciendo en funciones. Junto con los órganos de gobierno del CAC y de la CCMA, el relevo de Ribó es uno de los que más titulares y críticas políticas ha generado. Además, deben escogerse los 12 miembros del consejo asesor del organismo.

El Consejo de Garantías Estatutarias

Dedicado a la emisión de dictámenes jurídicos consultivos sobre la adecuación al Estatuto ya la Constitución de las normativas aprobadas por el Parlamento, el Consejo de Garantías Estatutarias está formado en principio por nueve miembros, de los cuales dos terceras partes son nombrados por la cámara legislativa y el resto lo son por el Gobierno. Ahora mismo, están pendientes de renovación cinco de los seis juristas nombrados por el Parlamento. Son el presidente del Consell, Joan Egea, el vicepresidente, Pere Jover, y los consejeros Carles Jaume y Jaume Vernet, a los que hay que añadir Joan Ridao, que renunció en el 2016 para ser letrado del Parlamento y no ha sido sustituido . Egea y Jaume tienen el mandato caducado desde noviembre de 2015 -hace más de 2.200 días-, mientras que Jover y Vernet están en funciones desde noviembre de 2018 -más de 1.100 días-. También aquí, los miembros del organismo requieren el voto del 60% del Parlamento para su elección.

Sindicatura de Cuentas

El organismo dedicado a la fiscalización y control de los ingresos y gastos del sector público tiene todo el pleno caducado. Aunque en principio debería estar formado por siete miembros, desde hace cuatro años tiene seis, debido a la renuncia de Andreu Morillas, que no ha sido relevado. Los síndicos son elegidos por un mandato de seis años también con el voto de tres quintas parte del Parlament y eso significa que Emma Balseiro y Joan-Ignasi Puigdollers están en funciones desde marzo del 2017 -más de 1.600 días-, Manel Rodríguez desde octubre de ese mismo año y Jaume Amat -síndic major- y Jordi Pons desde septiembre de 2019, es decir, desde hace dos años y tres meses.

Una lista eterna

Aunque estos son los más conocidos, existen una veintena más de organismos que tienen miembros nombrados por el Parlamento con el mandato caducado y pendientes de renovación. Encontramos en esta situación la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el consejo asesor de Radio Televisión Española (RTVE) en Cataluña -13 miembros-, el consejo asesor del Instituto Catalán de Finanzas -6 miembros-, los nuevos consejos sociales de las universidades públicas o la Comisión de Control de las Consultas Populares No Referendarias, entre otros.

A pesar de esta tendencia generalizada, también se han producido algunas excepciones. Aparte de la mencionada del ICIP al inicio del artículo, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) logró renovar su dirección durante la pasada legislatura, a raíz de un acuerdo del Parlamento julio del 2019. Las excepciones, sin embargo, pueden convertirse en la norma en otro gesto que, de producirse, constatará que la política catalana ha entrado en una nueva dinámica, en la que los acuerdos amplios vuelven a ser posibles.