Los activistas de la Flotilla preparan el envío de otros dos barcos a Gaza

Los activistas españoles presentes en la Flotilla de la Libertad planean enviar dos barcos con bandera española con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La nueva operación se llamará 'Rumbo a Gaza' y, como las anteriores, tratará de aliviar las necesidades de ayuda humanitaria de los palestinos frente al bloqueo israelí.

Así lo ha comunicado Manuel Tapial, miembro de la Asociación Cultura Paz y Solidaridad, junto a Laura Arau y David Segarra. Los tres presentaron esta mañana una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, seis miembros de su Gabinete y un alto cargo militar, por delitos de lesa humanidad.

Los activistas iban en el barco con ayuda humanitaria que fue abordado en aguas internacionales por el Ejército israelí el pasado 31 de mayo, matando a nueve personas.

Tapial ha explicado que quieren "seguir trabajando en la solidaridad con el pueblo palestino" y por ello están organizando la nueva campaña, que "pretende sacar dos barcos con bandera española en dirección a Gaza". No obstante, dijo que su esperanza en que estos buques no tengan que zarpar "porque para cuando sea posible eso se haya caído el embargo y la población de Gaza pueda transitar libremente y pueda ejercer la soberanía sobre su territorio".

El cooperante también ha querido agradecer el apoyo que les ha brindado la sociedad y se ha mostrado convencido de que "las realidades las cambia la sociedad civil". "Ni son los líderes mundiales, ni son los gobiernos", dijo.

La querella puede acogerse al principio de jurisdicción universal 

Tapial calificó de "grave" la "no actuación" del Gobierno en el caso del asalto a la flotilla. "Había tres ciudadanos españoles víctimas de un ataque en aguas internacionales" que cuenta con ingredientes que "daban pie más que de sobra para que el Estado hubiera intervenido de oficio", dijo.

Uno de los abogados que ha participado en la redacción de la querella, Enrique Santiago, denunció que todas las personas que viajaban a bordo, "especialmente los periodistas", estaban "internacionalmente protegidas". En cambio, dijo "fueron objeto de un asalto violento con implicación desproporcionada de la fuerza, con ejecuciones extrajudiciales y con torturas".

Según el letrado, estos delitos se realizaron en el contexto de los "crímenes de lesa humanidad y de guerra que se están realizando contra la población de los territorios palestinos ocupados".

Santiago explicó que la querella, la primera que se presenta en toda Europa, se ha presentado contra siete ministros del Gobierno israelí y un alto mando militar, pero no ha descartado que "más adelante, a la vista de la investigación" se amplíe "contra todas aquellas personas, funcionarios del Gobierno israelí, civiles o militares, que hayan tenido responsabilidad en la puesta en marcha de este plan militar en la ejecución de gravísimos delitos".

En principio, la causa se podría acoger al principio de jurisdicción universal, que fue limitado durante la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, dada la existencia de víctimas españolas y la ausencia de una investigación en otro país.