El acuerdo que fija la confesionalidad

El 3 de enero de 1979, pocos días después de la promulgación de la Constitución, España y el Vaticano firmaban los Acuerdos Iglesia-Estado, una prolongación del Concordato franquista de 1953 que supuso la confirmación de los privilegios de la institución eclesiástica en la España de la Transición.

Aunque su firma es posterior a la de la Carta Magna, nadie duda que su entramado fue anterior al restablecimiento de la democracia. De hecho, los acuerdos de 1979 tuvieron su preámbulo en agosto de 1976, cuando el rey renunciaba al "privilegio de presentación" de obispos al jefe de Estado.

Un año después, en 1980 se firmaba la Ley de Libertad Religiosa, que por primera vez desde la República reconocía los derechos de otras confesiones, pero que perpetuaba la situación de preeminencia de la Iglesia católica frente a otras creencias o instituciones de carácter social, pedagógico o cultural.

No existe ninguna red que reciba tantos fondos públicos como la Iglesia católica y que además tenga el poder de influencia para modificar leyes como las del aborto, educación o las relaciones conyugales. Esta fue una de las razones por las que el nuevo secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, instó a la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. Algo que no entra "ni mucho menos" en los planes del Gobierno de Rajoy ni de la Conferencia Episcopal, según apuntaron a Público fuentes de Génova y de Añastro.

El Concordato continúa blindando, 33 años después, los privilegios de la Iglesia en un Estado oficialmente laico. El texto se resume en cuatro acuerdos que incluyen sobe el papel la "autofinanciación" de la Iglesia que no ha llegado a cumplirse. Además, sella la presencia de Religión en los colegios con profesores pagados con los impuestos, pero contratados por los obispos.

Fiscalidad

Una Iglesia exenta de impuestos y que no rinde cuentas a nadie

Los obispos ingresan 250 millones a través del impuesto de la renta

Diez mil millones de euros al año. Esta es la cantidad que la Iglesia recibe de las administraciones públicas en distintos conceptos, "y que pagamos todos los contribuyentes, seamos católicos o no", denuncia el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

Uno de los aspectos más polémicos es el de la financiación vía IRPF, mediante la cual la Iglesia se lleva más de 250 millones al año. La última modificación se firmó en 2007, cuando la Conferencia Episcopal aceptó pagar el IVA a cambio de un incremento en el porcentaje que recibe vía IRPF, pasando del 0,52% al 0,7%.

Los obispos renunciaron a la exención del IVA, pero no al IBI u otros impuestos relacionados con la construcción o venta de objetos litúrgicos. La Iglesia también se comprometió a publicar sus cuentas, algo que, hasta la fecha, no se ha dado.

En las últimas semanas, se ha sabido que la Iglesia católica no pagará los recortes del nuevo Gobierno. Las duras medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo no afectarán a la exención del impuesto de bienes e inmuebles (IBI).

España no seguirá la senda abierta por Italia el pasado jueves cuando el Gobierno de Mario Monti anunció que la Iglesia italiana tributará por sus bienes. Sólo quedan exentos los edificios que sólo alberguen actividades de culto. El Partido Radical, principal impulsor de la modificación legal, calcula que el Estado ingresará 2.500 millones con esta medida.

Nada se va a mover en los próximos meses pues, en el caso de la Iglesia, habría que reformar unos Acuerdos que tienen rango internacional. De momento, los gestores eclesiásticos no tienen por qué preocuparse. Al menos, en lo que toca a esta partida. Tampoco en lo tocante a las colectas y donativos, que la Iglesia puede hacer cuando y como quiera, sin rendir cuentas.

Enseñanza

De la clase de Religión a la supresión de Educación para la Ciudadanía

Según los Acuerdos de 1979, la religión católica es una asignatura de carácter obligatorio, cuyo currículo es total y absolutamente confesional y en la que el Estado no tiene nada que decir. Sólo pagar. Porque son los obispos quienes eligen a los profesores idóneos "para cada curso escolar" y quienes tienen la potestad para renovarles o no el contrato, sin necesidad de dar razón alguna. Durante muchos años, el profesorado de Religión supuso un sobresueldo para curas, monjas y laicos "ortodoxos" que administraba el obispo de cada lugar.

Varias sentencias cuestionan que los obispos despidan a los profesores

En los últimos años, sin embargo, centenares de sentencias han puesto contra las cuerdas el actual sistema de contratación y despidos de profesores de Religión, echados literalmente por casarse con un divorciado (como Resurrección Galera) o por defender el celibato opcional, como José Antonio Fernández, que ha llevado el caso a Estrasburgo. "Si estamos en un país libre, tengo derecho a opinar y a no ser castigado por ello", observa el afectado.

Galera acaba de ganar todos los recursos judiciales y debería ser indemnizada con el sueldo de 11 años y la readmisión en su puesto. "Quiero volver a dar clases ya", asegura. Aun así, no sucederá porque quien tendrá que pagar los platos rotos es la Administración educativa, que no puede obligar al obispo de Almería a que recoloque a la docente.

Los Acuerdos también permiten la creación de centros católicos privados y concertados, en la actualidad los 5.347 colegios con ideario propio que imparten clase a casi 1,5 millones de alumnos y reciben más de 3.500 millones de euros anuales. Pese a ello, a los obispos no les han dolido prendas para salir a la calle contra la reforma de la LOE o Educación para la Ciudadanía, que finalmente será suprimida -tras una gran presión eclesiástica- por el Gobierno del PP. 

Asuntos jurídicos

Los símbolos toman la calle y determinan el calendario

Según los Acuerdos, el Estado reconoce a la Iglesia el derecho a ejercer su misión libremente, y en público, especialmente en lo relativo al culto, la jurisdicción y el magisterio. En la práctica, esto ha provocado la toma de las calles por las instituciones eclesiásticas en distintos órdenes, desde las procesiones de Semana Santa (con presencia de cargos públicos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado incluidas) a las famosas misas en Colón, o concentraciones como la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del pasado mes de agosto.

El Concordato consagra la "inviolabilidad" judicial de los lugares de culto

También se consagró el domingo como festividad inamovible, y se dio -y se da- plena libertad a la Iglesia católica para promulgar sus propias leyes. Durante años, esto ha supuesto que ningún obispo -el único fue el arzobispo de Granada, hace un par de años- haya podido pasar por el banquillo, pese a varias denuncias, o que para juzgar a un sacerdote hubiera que remover Roma con Santiago. Tras los escándalos de la pederastia, esto ha ido cambiando un poco, pero lo cierto es que el Concordato continúa consagrando la "inviolabilidad" de los lugares de culto, que no pueden ser expropiados. 

Dentro de los Acuerdos, también se consagra el privilegio de la Iglesia a nivel de patrimonio. Especialmente injustificables son los casos de las catedrales (incluidas dentro de Patrimonio Nacional, pero cuya gestión corresponde a cada diócesis) o el pago del 1% del PIB Cultural para el arreglo de parroquias, conventos y demás centros, así como permutas de terreno inimaginables con otra confesión religiosa.

La última polémica conocida ha sido la del minivaticano que se construirá en Las Vistillas, pese a la rotunda oposición de los vecinos y el impacto medioambiental que producirá en una de las vistas históricas del Madrid de los Austrias.

Fuerzas armadas

Los símbolos toman la calle y determinan el calendario

Centenares de sacerdotes realizan la "asistencia religioso-pastoral" a los miembros católicos del Ejército, en virtud del Acuerdo sobre las Fuerzas Armadas, que también consagra la existencia del Arzobispado castrense, la única diócesis sin territorio de España. Aunque desde la última reforma, los sacerdotes que se dedican a este servicio ya no forman parte del cuerpo militar, sí es la Administración la que les paga el sueldo. No existe una situación similar para evangélicos, judíos o musulmanes, aunque en los últimos años -y coincidiendo con un aumento de la presencia de inmigrantes en el Ejército- sí que se ha abierto la mano para la asistencia religiosa de otras confesiones, especialmente en misiones internacionales.

El Arzobispo castrense es la única diócesis sin territorio concreto

Lo que no cambia es la presencia castrense en funerales o actos de honor. Desde la Salve a la celebración de "funerales de Estado" confesionalmente católicos, es el arzobispo castrense quien preside todos los actos de honor a los militares caídos en actos de servicio, a los que acuden las principales autoridades militares y políticas, desde los reyes o los príncipes de Asturias, al ministro de Defensa.

Lo mismo ocurre en el caso de los capellanes de prisiones, hospitales y toda suerte de centros públicos, que cuentan con capillas exclusivamente católicas. En algunos casos, son los propios sacerdotes los que piden que estas se reconozcan como centros multiconfesionales, pero lo cierto es que no existe otra norma que regule la presencia de religiosos en estos ámbitos públicos y que tenga un rango superior a la del Concordato. Que, no olvidemos, se trata de un Acuerdo Internacional, y por lo tanto, no puede ser desbancado por una Ley Orgánica.