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La acusación aporta pruebas de que el crimen del jesuíta español Ellacuría fue "premeditado"

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El juez Eloy Velasco ha recibido hoy nuevos documentos sobre el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989 que para la acusación demuestran que el crimen del español Ignacio Ellacuría fue "premeditado", gestado y coordinado durante tres días por altos cargos militares salvadoreños.

Estos documentos, que ascienden a 12.000, fueron desclasificados por la CIA en 2001 y algunos de ellos han sido hoy aportados por la testigo Terry Karl, profesora de la Universidad estadounidense de Stanford y especialista en asuntos sudamericanos, quien ha insistido en la necesidad de profundizar en la investigación para "romper la impunidad que todavía existe en El Salvador".

Velasco admitió el pasado mes de enero la querella de la Asociación de Derechos Humanos de España contra los 14 militares salvadoreños a los que imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, y a los que tiene previsto interrogar el próximo mes de febrero.

Según fuentes de la acusación, el material cedido hoy a Velasco demuestra que el crimen de Ignacio Ellacuría fue "premeditado", gestado y coordinado por altos cargos militares de El Salvador tres días antes del asesinato, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.

En autos no figura, no obstante, el manuscrito que supuestamente contiene la orden dada por el general René Emilio Ponce de asesinar al jesuita español.

Junto al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron asesinados los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Uno de los documentos aportados hoy hace referencia, según han explicado las mismas fuentes, a una reunión la noche del 15 de noviembre entre el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humnero Larios, en dependencias del Estado Mayor, a "sólo 500 metros" del rectorado de la UCA, donde se cometió el crimen.

Por estos crímenes fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Tras Karl, el próximo jueves declararán el fiscal y el juez instructor del caso en El Salvador, y el lunes 30 de noviembre, la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.

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