La acusación particular en el juicio a la supuesta red de violadores de bebés presuntamente liderada por Álvaro I.G., "Nanysex", ha considerado hoy probado que uno de los acusados, José G.C., cometió otro delito de agresión sexual, por lo que pedirá un aumento de las penas para los procesados.

Así lo ha manifestado el letrado Manuel Maza a los medios en un receso de la vista a puerta cerrada que se celebra en la Audiencia de Madrid, tras la intervención de dos psiquiatras que examinaron a los dos niños de los que supuestamente abusó sexualmente y a los que grabó José G.C. acompañado del también acusado Eduardo S.M..

Según Maza, uno de estos dos niños le aseguró a la psiquiatra que José le había "golpeado y sujetado la cabeza" no sólo en una ocasión, sino de forma "prolongada en el tiempo", de manera que habría quedado probado un delito de agresión sexual cuyas imágenes no constan en las cintas de prueba.

Maza ha señalado que quizá las supuestas agresiones no fueron grabadas o no se difundieron por Internet, por lo que ha sido imposible encontrarlas y ha añadido que, al referirse a ellas en la sala, el acusado José ha agachado la cabeza "por primera vez" en todo el juicio.

En la anterior sesión del juicio el abogado apuntó que el informe psiquiátrico de éste acusado revela que tiene su capacidad volitiva "ligeramente mermada" y que también padece una parafilia de tipo pedófila.

Las psiquiatras que han prestado declaración hoy han insistido en que aún no se evidencian secuelas psíquicas en los niños que supuestamente sufrieron los abusos de los procesados Álvaro I.G., alias "Nanysex"; José, alias "Aza" y Eduardo, alias "Todd", pero que en un futuro podrían convertirse en víctimas y agresores.

Según ha estimado Maza, Eduardo, para quien el letrado pide provisionalmente treinta años de prisión, "es responsable de todo", puesto que ha participado en las vejaciones tanto con "Nanysex" como con José y, además, trató de reclutar a otros pederastas con el argumento de que "se necesitaba a gente para cuidar a niños".

Los padres de los niños han pedido a través de este letrado que se desarrolle una ley específica por la que se garantice la representación jurídica para todas las víctimas de pederastia durante los procesos, siguiendo el modelo de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo y presidenta de la fundación homónima que actúa como acusación popular en este juicio, ha denunciado la ausencia de un abogado de la Fiscalía de Menores o del Defensor del Menor que represente a las familias de las víctimas, de las que ha dicho que se sienten "perdidas y desubicadas".