Este artículo se publicó hace 17 años.
La acusación del Arzobispado de Valladolid pide que la sentencia refleje que la CNMV "no hizo deberes"
La acusación particular del Arzobispado de Valladolid ha pedido hoy al tribunal que juzga el caso Gescartera que refleje, en su sentencia, que esta institución fue "un afectado más" y que, en este escándalo financiero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "no hizo los deberes".
El abogado Jesús Gómez Escolar, que representa al Arzobispado de Valladolid y pide una responsabilidad civil de 180.000 euros, se adhirió fundamentalmente a la postura del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, que solicita once años de cárcel para los principales imputados Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna y Anibal Sardón.
Sin embargo, en su intervención, aclaró las razones que han llevado al arzobispado vallisoletano a permanecer como acusación particular, entre las que destacó la de que la sentencia de esta vista oral le restituya "la buena fe y el buen nombre" después de que éste haya sido "maltratado, no sólo por los medios de comunicación, sino por algunos en el procedimiento".
"Siempre los periodistas meten la coletilla de la intervención de la Iglesia" en este escándalo financiero, pero "el Arzobispado de Valladolid simplemente es un afectado más", afirmó Gómez Escolar.
El letrado explicó hoy cómo el antiguo ecónomo de la diócesis Enrique Peralta invirtió en Gescartera "porque los comerciales de Gescartera, conocidos en Valladolid y cercanos al mundo de la iglesia, decían que Gescartera no era un chiringuito financiero, sino que tenía solvencia y permisos de la CNMV".
Además, se hizo esta inversión, desde unos fondos que venían de unos bonos del estados garantizados, para ganar "un poco más" (entre el ocho y el diez por ciento) y a través de una liquidación trimestral con la que Gescartera cumplía, "lo que animó al ecónomo a continuar" ingresando y sacando cantidades de dinero, relató Jesús Gómez Escolar.
Sin embargo, al conocer la visita de miembros de la CNMV en la Semana Santa de 1999, "más de dos años y medio antes de la intervención", siempre según Gómez Escolar, Enrique Peralta "retiró el dinero", "no porque tuviese un soplo" sino porque, "como cualquier ciudadano asustado", vino a Madrid para sacar todo lo que el Arzobispado tenía en Gescartera (1.105 millones de pesetas).
Es el dinero "del que vive la diócesis, del que dependen los seguros y sueldos de más de 700 sacerdotes", afirmó el letrado del Arzobispado de Valladolid, quien lamentó que, posteriormente, los responsables de la CNMV utilizaran varios documentos de la institución religiosa para intentar engañar a la CNMV.
En su intervención, Jesús Gómez Escolar recordó que, a principios de 2001, los comerciales de Gescartera en Valladolid acuden otra vez al Arzobispado para enseñar a Peralta un periódico en el que se informa que Gescartera ha pasado de sociedad gestora de carteras (SGC) a Agencia de Valores (AV), lo que le mueve a invertir otros 50 millones de pesetas (180.000 euros).
Con todo ello, en la sentencia debería constar, según el letrado, que "la Diócesis de Valladolid no hizo inversiones especulativas, sino en renta fija y con seguridad, y que, además, desconocía las las circunstancias que se daban en Gescartera".
Asimismo, según el abogado Gómez Esoclar, también debería reflejar que "la CNMV no hizo los deberes", no a efectos penales, sino a los efectos civiles y contenciosos que se puedan derivar en el futuro.
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