Daniel Humberto G.Ll., ecuatoriano de 29 años, acusado de asesinar a su ex-mujer, Nancy Paulina Díaz, de 32 puñaladas en Talavera de la Reina en junio de 2007, se mostró "muy arrepentido" por el crimen cometido y clamó por ver a sus dos hijos, de 5 y 10 años, que presenciaron el asesinato.

Durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Toledo y a pesar de las dudas iniciales, el acusado reconoció, finalmente, a preguntas del presidente del tribunal, Juan Manuel de la Cruz, haber cometido el crimen la madrugada del 17 de junio de 2007 en la vivienda donde vivía la ex-esposa con sus dos hijos y de la que tenía una orden de alejamiento que también incumplió.

Daniel Humberto, que llegó a la Audiencia en un vehículo de la Guardia Civil y que ocultó su rostro con la capucha de una sudadera, dijo que en la cárcel está siguiendo un curso para prevenir los malos tratos y que está "aprendiendo muchas cosas".

El fiscal, que pedía 25 años de cárcel, rebajó la pena a 21 por un delito de asesinato con la atenuante de arrepentimiento, además de nueve meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena.

No obstante, la fiscalía no considera probadas las amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas las horas previas al crimen ni tampoco que hubiera una agresión sexual antes del crimen o que el inculpado profanara el cadáver de su ex-mujer.

A este respecto, las forenses que hicieron la autopsia del cadáver explicaron que encontraron "gran cantidad de semen en la vagina y en el ano de la fallecida", pero no pudieron confirmar si yació con ella antes o después de morir, aunque si dijeron que no encontraron lesiones en la zona genital del cuerpo.

Pese a reconocer haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía de Nancy, el inculpado explicó durante el juicio que él tenía llave de la vivienda, a la que acudía con frecuencia para cuidar de sus hijos cuando la ex-mujer trabajaba y que eso lo hacía con el consentimiento de la víctima.

"Lo que más me desespera de todo es no poder ver a mis hijos", dijo el procesado entre sollozos, quien precisó que desde que ingresó en prisión tras los hechos solo les ha podido ver en una ocasión.

La conveniencia o no de que los menores vean a su padre fue una de las cuestiones que se discutieron en la sala, y así, mientras la defensa y el fiscal se apoyaron en un informe psicológico hecho a los niños, que aconseja que vean al padre, el abogado de la Junta de Comunidades, que ejerce la acusación popular, se pronunció en sentido contrario y pidió que se le retire al inculpado la patria potestad.

El abogado de la Junta, que pidió un total de 33 años de cárcel (treinta por el asesinato, la pena máxima) se opuso rotundamente a que los niños tengan comunicación con el padre porque presenciaron un "hecho atroz y aberrante" y pidió que la sentencia refleje lo que demanda la sociedad y la Ley de Protección Integral a las Mujeres.

Durante el juicio, Daniel Humberto culpó de lo que hizo a los celos y al alcohol que había consumido cuando ocurrieron los hechos, lo que su defensa argumentó como atenuantes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de junio de 2007 en el piso cuarto del número 159 de la avenida Pío XII de Talavera de la Reina, a la que el inculpado accedió mientras que su ex-mujer y los niños estaban en el parque.

Tras esperar a la víctima oculto tras la puerta del salón la infligió 32 puñaladas por distintas partes del cuerpo y tras limpiar los restos de sangre en la vivienda trasladó el cuerpo hasta la cama del dormitorio, donde lo tapó con una colcha, tal y como se lo encontró la policía cuando acudió a la vivienda tras ser alertada por un vecino que había escuchado ruido esa noche.

Las forenses explicaron que la víctima presentaba numerosas lesiones de tipo defensivo, es decir, que trató de eludir las puñaladas de Daniel Humberto, que está en plenas facultades mentales, aunque el consumo de alcohol le pudo afectar "levemente" cuando cometió el crimen.

Tras pasar unas horas junto a la víctima, cogió a los niños -que ahora conviven con unos tíos maternos en Madrid- y se dirigió a casa de unos parientes en la capital de España, que fueron quienes pusieron los hechos en conocimiento de la policía.