Los seis acusados de financiar a ETA desde México y acoger a miembros huidos de la banda han pactado hoy con la Fiscalía una pena de seis años de prisión por el delito de integración en organización terrorista en el juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional de Madrid.

Los acusados han mostrado su conformidad con la pena que previamente habían pactado el fiscal y los abogados de la defensa, que han solicitado la puesta en libertad de tres de los acusados que ya habían cumplido esos seis años de cárcel en prisión provisional. Se trata de Ernesto Alberdi Elejalde, Felix Salustiano García y Jose María Urquijo Borde.

Según las conclusiones del Ministerio Público, los acusados, que fueron extraditados a España en 2006, complementaban desde México los objetivos logísticos, financieros y estructurales que ETA no consigue desarrollar de forma plena en Francia, bajo las órdenes de la dirección de la banda.

Los acusados, que integraban "taldes" o comités en distintos estados mexicanos, realizaban principalmente funciones para los aparatos de financiación, logística y falsificación de la banda.

Entre las actividades que llevaban a cabo, los acusados enviaban dinero, a través de cuentas que abrían en México con identidades falsas, al responsable logístico de ETA, actualmente en rebeldía, José Ángel Ochoantesana, que colaboraba en la obtención de documentación falsa mexicana para miembros huidos de la banda terrorista.

Los fondos depositados en estas entidades bancarias y de inversión mexicanas también sirvieron para cubrir necesidades de infraestructura propias y para financiar a algunos miembros de ETA en México.

Asimismo, según las conclusiones de la Fiscalía, los acusados Juan Carlos Artola Díaz y Félix Salustiano García Ribera pretendieron utilizar las relaciones con un grupo industrial maderero para la acogida de miembros huidos de ETA en México.