Los tres miembros de los GRAPO Fernando Silva Sande, Manuel Pérez Martínez e Isabel Llaquet, acusados del secuestro en 1995 del empresario Publio Cordón, que se encuentra en paradero desconocido, han negado hoy "tener algo que ver" con estos hechos e incluso su pertenencia a ese grupo terrorista.

Negar las acusaciones que el fiscal Luis Barroso les imputa, por las que solicita 27 años de prisión para ellos, ha sido el hilo fundamental de las declaraciones de los tres procesados en el juicio que hoy ha comenzado a celebrarse en la Audiencia Nacional y al que han acudido familiares del empresario y allegados de los acusados.

Por estos hechos ya han sido condenados Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín, que han testificado en la vista, protagonizando el último un incidente al negarse a responder a todas las partes -a lo que la ley le obliga al comparecer en calidad de testigo-, que ha hecho que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le multara con 5.000 euros y le dedujera testimonio.

Antes del 'plante' de Ortín, Silva Sande ha reconocido la declaración que prestó tras ser detenido en Francia en 2000, en la que manifestaba ser el jefe del comando central de los GRAPO, pero ha asegurado que lo hizo "para descartar a otra gente y para asumir una responsabilidad que no me correspondía".

Respecto a una carta hallada en el piso de París en el que vivían Llaquet y Pérez Martínez -alias "camarada Arenas"-, en la que supuestamente asume su responsabilidad en el rapto, Silva Sande no ha reconocido la misiva.

Pérez Martínez y Llaquet, que no han querido responder a la acusación particular, han negado que se reunieran con Cuadra para planificar el secuestro, así como que tuvieran relación con Silva Sande, al que ni siquiera han dirigido la mirada mientras permanecían en la sala blindada.

El "camarada Arenas" ha relatado durante su extensa declaración que su partido forma parte de un movimiento en el que hay muchas organizaciones, entre ellas los GRAPO, con quien "existe relación" pero que, según ha dicho, "no compromete" al PCEr con las acciones que cometan, las cuales critican si las consideran injustas.

Sobre una carta que la familia Cordón remitió a los GRAPO y que se halló en su piso, ha argumentado que la esposa del empresario envió cartas a todos los presos de la banda y que los militantes se la remiten a él porque elaboraba una revista.

El presidente del tribunal ha reconvenido en varias ocasiones al acusado para que "precisara" sus respuestas, lo que ha provocado que el procesado se enfrentara al magistrado, que ha optado por expulsarle de la sala y suspender la vista durante unos minutos.

A la vuelta del receso, Guevara ha advertido al acusado, que ha continuado su declaración, tras la que lo ha hecho Llaquet.

Por su parte, Cuadra y González han reconocido ser miembros de los GRAPO y han asegurado que Pérez Martínez y Llaquet no lo son, y el primero ha dicho que el secuestro fue una decisión del comando central, así como que el dinero del rescate fue a parar "exclusivamente" a la banda terrorista.

Cuadra además ha recordado que en 1997 participó, desde la cárcel en la que estaba, en Sevilla, en unas conversaciones con dos enviados del entonces Gobierno (del PP) para una "posible negociación", a quienes, según ha dicho, explicó unos "detalles" del rapto pero "nada destacable".