Uno de los acusados de planear atentar en el metro de Barcelona declara que "uno no caga donde come"

Uno de los once presuntos terroristas islamistas detenidos en 2008 acusados de planear un atentado suicida en el metro de Barcelona ha negado hoy en la Audiencia Nacional estar preparando esta acción terrorista porque "un animal no caga donde come".

Qadeer Malik, para quien el fiscal pide 18 años de cárcel, ha explicado al tribunal que le juzga desde hoy que nadie atentaría contra el país donde lleva diez años trabajando y al que está intentando traer a su mujer.

El acusado, que ha asegurado tener "más respeto a España que a Pakistán" y estar "al mil por ciento en contra de los islamistas violentos", ha señalado que el Corán no permite a los musulmanes "ni pensar en matar", porque "si tienes odio no puedes alcanzar la gloria".

Esta versión no coincide con la del fiscal, que sostiene que los acusados -nueve pakistaníes y dos indios- iban a atentar en Barcelona para permitir al líder talibán Amir Baitullah Mehsud -emir del grupo- efectuar "peticiones que, en caso de no ser atendidas, desencadenarían otros atentados terroristas" en Europa.

Una de las pruebas que esgrime el fiscal es la reivindicación que hizo el movimiento Tehrik e Taliban Pakistana (TTP) en un vídeo colgado en internet en el que su portavoz, Maulvi Omar, aseguraba que "el de Barcelona fue conducido por 12 de nuestros hombres" que pretendían "reclamar responsabilidad por la presencia militar española en Afganistán".

Sin embargo, el fiscal, que pide penas de entre 9 y 18 años de prisión, no acusa a los procesados de conspiración para cometer un atentado, sino de pertenencia o colaboración con organización terrorista, tenencia de explosivos y falsedad documental.

El principal acusado, Maroof Ahmed Mirza, para el que se pide la pena mayor en calidad de dirigente y que supuestamente eligió el metro para este atentado por las "dificultades" que presenta para el acceso de los servicios de emergencia, no ha querido declarar.

Sí lo han hecho Mohammad Ayud Elahi, para el que se piden también 18 años de cárcel, y Shaib Iqbal, para el que solicitan 16, que han negado su participación en la preparación del atentado.

Según el fiscal, Iqbal, junto a Malik y Ahmed Hafeez, iban a ser los encargados de la fabricación de los explosivos y trabajaban "con el material electrónico necesario para la activación de los explosivos" en la calle barcelonesa de Santa Madrona.

Como prueba de ello, el fiscal relata que el 17 de enero de 2008 Malik arrojó a la basura una bolsa con paquetes vacíos de pilas, una caja vacía de 10 pares de guantes de látex, 8 conectores de toma de alimentación de ordenador, un reloj, un temporizador, una tarjeta de teléfono y cables, entre otros efectos.

Malik, que trabaja de repartidor de butano, ha asegurado no tener conocimientos ni de electrónica ni de química: "Yo no puedo juntar ni dos cables".

Los interrogatorios de hoy se han centrado en torno al testigo protegido identificado como F1, que ayudó al descubrimiento de la organización, desarticulada el 18 de enero de 2008.

A petición de los responsables del grupo, este hombre, que había ingresado en el movimiento Tarik e Tabligh en Francia y que recibió entrenamiento militar en Pakistán, viajó a Barcelona, donde después de que los acusados le dijeran que se despidiera de su familia, se negó a participar en el atentado y denunció los hechos.

Los acusados que han declarado hoy han dicho que no le conocían, pero que le alojaron y le permitieron acompañarles a la mezquita donde iban a pasar el fin de semana rezando y donde fueron detenidos.

También han señalado que el testigo llevaba una bolsa, pero no han podido asegurar que fuera la intervenida cuando se produjeron las detenciones y en la que había polvo blanco con 18 gramos de nitrocelulosa y perclorato potásico que, según el fiscal, constituirían "los componentes de la carga explosiva".

A la llegada a la Audiencia Nacional familiares de los acusados han dicho a los periodistas que el testigo protegido era un infiltrado de Francia y que se trata de "un montaje" político en el que "los acusados son víctimas del gobierno paquistaní y español".