Afectados por las preferentes denuncian presiones de Novagalicia y la Xunta

Afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco han asegurado que los abogados de la entidad financiera y los mediadores designados por la Xunta de Galicia "presionan mucho" a los ahorradores perjudicados por la emisión de estos productos, durante la celebración de los arbitrajes que se están llevando a cabo en las últimas semanas. Durante la concentración que han llevado a cabo en la mañana del lunes más de medio centenar de personas ante la sede central de la entidad en Vigo, una de las portavoces de la plataforma de afectados Vigo-Val Miñor, Ana Rodríguez, ha señalado que "algunos aguantan bien, pero otros puede que no aguanten y esa presión les perjudique".

Según Ana Rodríguez, los clientes se están encontrando "solos" durante los arbitrajes ante el representante de la Xunta y el de Novagalicia Banco, y ha asegurado que NCG está llamando por teléfono a diversos afectados para ofrecerles posibles acuerdos y que acudan con ellos a los arbitrajes. "Hay una señora con 9.000 euros atrapados a la que han llamado para hacerle una oferta para devolverle lo invertido, restándole lo que ya ha cobrado de intereses", ha expuesto.

Este extremo ha sido confirmado por otro de los portavoces de esta plataforma, José Manuel Estévez, quien ha asegurado que también se están enviando cartas "incluso a gente que ya manifestó por escrito su negativa a participar en los arbitrajes". En esas llamadas, ha indicado Estévez, se le asegura a los afectados que "las ofertas son muy buenas", se les insta a aceptarlas y presentarlas en los procesos de mediación. Estas ofertas suelen contemplar la devolución de una parte ligeramente inferior a la invertida inicialmente, puesto que se le suelen restar los intereses ya cobrados.

Estévez también ha advertido de que Novagalicia Banco está buscando laudos para los casos "que le puedan resultar más dañinos en el juzgado", a recomendación de la firma PricewaterhouseCoopers, contratada por la entidad para resolver los problemas con estas participaciones, lo cual considera "discriminatorio" y una solución "relativa" que sólo beneficia "a unas personas y no al colectivo".