Aguirre recurre el decreto que permite a Catalunya y Andalucía dar permisos de trabajo a extranjeros

Esperanza Aguirre ha vuelto a abrir un nuevo frente con el Gobierno de Zapatero.

Si antes fueron cuestiones como la del control de Caja Madrid, ahora son los permisos de trabajo a extranjeros que dan Catalunya y Andalucía.

De esta manera, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Así lo ha manifestado este miércoles el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty.

La reforma del Reglamento, acordado por el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009) permite que las Comunidades que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos (como se produce en los casos de Catalunya y Andalucía), puedan conceder permisos iniciales de trabajo para los extranjeros.

Según Fernández-Lasquetty, el Gobierno regional considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149 de la Constitución española.

Este artículo señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación".

"Zapatero ha quebrantado el procedimiento"

Por lo tanto, para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el Gobierno ha "quebrantado" el procedimiento que establece el cambio normativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas comunidades autónomas que, en este caso, "supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios".

"Supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios"

Pero, además, este traspaso competencial supondría, para el consejero de Inmigración, un "caos burocrático y un desequilibrio" entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no.

En el primero de los casos, el desorden administrativo se produciría como consecuencia del desdoble burocrático que esta reforma conlleva.

Por un lado, las Comunidades iniciarían por su lado los expedientes para otorgar los permisos de trabajo.

Por otro lado, la Administración central comenzaría otro proceso para conceder los permisos de residencia a una misma persona extranjera; ambos procesos, hasta la fecha, están centralizados en el Estado.

"Desequilibrio regional"

En cuanto al desequilibrio regional que esta normativa supondría, el consejero señala que la concesión de los permisos iniciales de trabajo estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y que si, el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración.

Fernández-Lasquetty ha afirmado también que el recurso que la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo, incide en el hecho de que el Ejecutivo nacional ha reformado mediante Real Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería, sin haber modificado antes la propia Ley; "un paso muy grave", según el consejero porque vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía normativa.

Por último, el recurso excluye expresamente tres disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, que no se refieren a atribuciones autonómicas, sino que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia de aquellos inmigrantes que estén en situación de desempleo, cuestión con la que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo.