El aguirrismo cree que defender a las víctimas del franquismo es "revisionista"

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró hoy que hay "una serie de colectivos que están preocupados por recuperar viejos fantasmas del pasado que ya están superados" para evitar que se hable de los problemas que actualmente tiene España, entre los que citó el aumento del paro.

González se pronunciaba así en una entrevista concedida a TVE, después de que este fin de semana miles de personas salieran a la calle en defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene tres causas abiertas por el Tribunal Supremo. Desde el PP, se han interpretado estos actos de apoyo como una forma de presión al TS.

El número dos del Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre aseveró que le parece "bien" que exista la libertad de expresión y que cada persona se pueda "manifestar como quiera". Sin embargo, dijo que "no se pueden utilizar las instituciones para hacer este tipo de manifestaciones".

"No se puede consentir que bajo la libertad de expresión se puedan poner en cuestión por parte de personas que tienen responsabilidades institucionales las instituciones fundamentales del Estado", sostuvo.

A su juicio, "no es razonable que haya personas con responsabilidades políticas muy importantes que sean miembros del Gobierno que puedan poner en cuestión el funcionamiento adecuado de los miembros del Supremo y se les acuse de torturadores". "Eso es gravísimo", apostilló.

El juicio a Garzón

Al ser preguntado por si Garzón debería ser condenado por prevaricación, González apuntó que los tribunales "deben actuar con independencia" y resolver lo que consideren oportuno en este caso. En este punto, recordó que al magistrado se le juzga porque lo han decidido "por unanimidad" 15 jueces del Supremo.

"No se trata de que nadie esté haciendo un juicio público al margen del funcionamiento de la Justicia", indicó, al tiempo que explicó que cuando los magistrados han entendido que existían causas suficientes para imputar a Garzón "será por algo".

También señaló que al juez "no se le imputa por la Guerra Civil", sino por "una extralimitación en sus funciones" sobre el tratamiento de una reclamación por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en cuanto a la recuperación de las fosas de la guerra.

"Nadie está contra Garzón por el tema de la Guerra Civil. Más bien es un intento de algunos colectivos de focalizar otra vez el asunto en esto que ya superamos afortunadamente hace muchos años que fue con la Transición y la Ley de Amnistía y que, sin embargo, especialmente cuando estamos viviendo una situación de crisis económica o dificultad social hay grupos que recurrentemente quieren volver el tiempo atrás, sacar las viejas heridas que ya están superadas y situar el conflicto alejado de lo que preocupa a los ciudadanos", resumió.

Así, recalcó que entre las preocupaciones de los españoles se localizan la destrucción de 4,5 millones de puestos de trabajo, el millón de personas mayores de 45 años que no encuentran empleo, "que no se ve horizonte para salir de la crisis" o que el crédito exterior "está por los suelos", entre otras cosas.

González señaló que él tiene tres hijos y que, "afortunadamente" no saben quién fue Francisco Franco, ni qué fue la Guerra Civil ni la Transición. "Creo que no conocieron a nadie de estos, ni siquiera a Adolfo Suárez, a (Leopoldo) Calvo Sotelo y con pocos recuerdos en algunos casos a Felipe González. Lo que nos preocupa, a mi y a mis hijos es el qué va a pasar con este país, qué pasa con la situación que en estos momentos nos encontramos y creo que de eso es de lo que hay que hablar", dijo.

"Revisar el pasado"

Al ser preguntado por qué desestabiliza más, si las manifestaciones de apoyo al juez o los folletos racistas editados por el PP de Badalona, González afirmó que le parece "mal" que se hagan los panfletos igual que le parece "mal" que se instrumentalicen las instituciones y se vuelva a revivir "un pasado que nadie quiere".

"Parece que a Garzón se le juzga por una cuestión de la defensa del Franquismo cuando eso no es lo que está en el fondo de la causa", precisó, para recomendar a continuación la lectura de sendos artículos escritos en blogs por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y por el ex ministro Jordi Sevilla, con los que, dijo, "coincide plenamente".

Según explicó, Leguina en su artículo afirma que es "muy legítimo" que los familiares de personas que fueron asesinadas en la Guerra Civil "tengan el derecho a recuperar el cadáver de sus familiares y a darles un sepelio digno". "Eso no lo discute nadie", apostilló.

González destacó que esto es lo que está detrás de la Ley de Memoria Histórica, pero dijo que la cuestión es que "estos colectivos están planteando el revisionismo otra vez del proceso de la Transición y de la Ley de Amnistía", algo, a su entender, superado. "Esto se lo he leído a muchos ilustres miembros del PSOE", agregó, al tiempo que advirtió de que quien está planteando esto hace "un flaco favor" al abrir algo que "no interesa en estos momentos".

Sobre si la Comunidad de Madrid ayuda con dinero público a determinadas asociaciones para hacer un mapa de localización de fosas, el vicepresidente indicó que el Gobierno regional cumplirá la Ley de Memoria Histórica "en la medida en que le sea demandada".

El Tribunal Constitucional

También mantuvo que con los jueces se puede discrepar, pero no ponerlos en cuestión o llamarles "torturadores". "No se puede poner en cuestión que los miembros del Tribunal Constitucional estén legitimados para dar una resolución o no del Estatuto Catalán", indicó.

En este sentido, puntualizó que estos magistrados han sido elegidos democráticamente y están en pleno ejercicio de sus funciones.

"Ha tenido que salir el presidente del Gobierno para decir que eso es así y decirle a sus compañeros que bajen el nivel de crítica", zanjó.

La mano derecha de Aguirre señaló que le parece "muy mal" que en los últimos tiempos se estén viendo "ataques constantes" a las instituciones, entre las que citó el Constitucional y el Supremo.

Por ello, dijo que es necesario que las instituciones "se hagan valer" e insistió en que "nadie puede comprender cómo un asunto como el del Estatuto catalán puede llevar tantos años en debate sin que el TC haya sido capaz de dictar una resolución". "Eso tampoco habla bien de la tarea del TC y no es bueno para la instituión", señaló.