La abolición de la pena de muerte es una tendencia que continuó y se acrecentó durante el año 2010, según el informe anual sobre la aplicación de la pena capital en el mundo difundido hoy en Londres por Amnistía Internacional (AI).

"Al finalizar 2010 no podía ser más evidente la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte", indica AI, que recuerda que a mediados de la década de 1990 un total de 40 países llevaban a cabo ejecuciones, frente a los 23 que ejecutaron reos en 2010.

La cifra del año pasado es un pequeño repunte con respecto a las de 2009, cuando se aplicó la pena capital en 19 países -la cifra más baja registrada hasta la fecha por AI-, pero la tendencia se refleja también en que ha aumentado el número de países abolicionistas.

Los Estados que han dejado de aplicar la pena de muerte por ley o por establecer una moratoria "ha aumentado considerablemente en el último decenio, pasando de los 108 de 2001 a los 139 de estos últimos años", de acuerdo con las cifras de esta organización.

Durante el año pasado, no se recibió información sobre ejecuciones en Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Mongolia, Pakistán y San Cristóbal y Nieves, aunque se sabía que estos países las habían llevado a cabo hasta 2008 o 2009.

Sin embargo, tras un paréntesis, en la Autoridad Nacional Palestina, Baréin, Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, Somalia y Taiwán se registró al menos una ejecución por país en 2010.

En total, el año pasado se ejecutó en el mundo a al menos 525 personas, una cifra que no incluye "las miles de ejecuciones que se cree que hubo en China el año pasado", se explica en el informe.

Amnistía Internacional decidió en 2010 no publicar cifras mínimas de la aplicación de la pena de muerte en ese país, donde estas estadísticas se consideran secreto de Estado.

En cambio, Amnistía ha emplazado a las autoridades chinas a que publiquen las cifras anuales del número de personas condenadas a muerte y ejecutadas, y confirmen así su afirmación de que la aplicación de la pena de muerte ha disminuido en el país.

Tras China, el mayor número de ejecuciones se llevaron a cabo en Irán (al menos 252), Corea del Norte (al menos 60), Yemen (al menos 53), Estados Unidos (al menos 46) y Arabia Saudí (al menos 27).

La lista la completan Libia (al menos 18), Siria (al menos 17), Bangladesh (al menos 9), Somalia (al menos 8), Sudán (al menos 6), la Autoridad Nacional Palestina (5), Taiwán (4), Egipto (4), Guinea Ecuatorial (4), Bielorrusia (2), Japón (2), Singapur (al menos 2), Vietnam (al menos 2), Irak (al menos 1), Malasia (al menos 1), Baréin (1) y Botsuana (1).

En cuanto a la imposición de penas de muerte, en 2010 se tuvo constancia de al menos 2.024 nuevas condenas en 67 países, siendo esta una estimación mínima, la más exacta que puede desprenderse de las investigaciones de Amnistía Internacional.

Esto quiere decir que al finalizar el año pasado había en el mundo al menos 17.833 personas condenadas a muerte.

En 2010 se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación (Arabia Saudí), electrocución (Estados Unidos), ahorcamiento (Bangladesh, Botsuana, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Japón, Malaisia, Singapur, Siria y Sudán), inyección letal (China y Estados Unidos), arma de fuego (Autoridad Nacional Palestina, Baréin, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Somalia, Taiwán, Vietnam y Yemen).

AI no tuvo constancia de ejecuciones por lapidación, aunque sí de que se impusieron condenas a muerte mediante este método en Irán, el estado nigeriano de Bauchi y Pakistán.

En Irán había al menos 10 mujeres y 4 hombres condenados a muerte por lapidación, siendo este país, junto a Arabia Saudí y Corea del Norte, los únicos donde se realizaron ejecuciones públicas.

Uno de los problemas para tener información más precisa es que un número reducido de países facilita datos oficiales.

En Bielorrusia, China y Mongolia, la pena de muerte se considera "secreto de Estado", en Corea del Norte, Malasia y Singapur también hay un gran secretismo, y en Vietnam estaba prohibido por ley publicar cifras sobre aplicación de la pena capital.

Hay Estados como Bielorrusia, Botsuana, Egipto y Japón donde a los condenados no se les informa de su próxima ejecución, mientras que en Bielorrusia, Botsuana y Vietnam no se entrega a las familias el cadáver de la persona ejecutada para que puedan enterrarlo.

Amnistía hace campaña para la abolición de la pena de muerte, inicialmente en el caso de los presos de conciencia, desde 1961, pero con el tiempo su trabajo se fue ampliando.

AI considera la pena de muerte "un castigo cruel, inhumano y degradante, que constituye una violación del derecho a la vida".