La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que las milicias armadas que operan en Libia cometen abusos de los derechos humanos y están "fuera de control".

En un informe sobre la situación en Libia un año después del comienzo de la llamada "primavera árabe", AI señala que estas milicias actúan con impunidad y crean inseguridad y problemas para reconstruir las instituciones del Estado.

Titulado "Las milicias amenazan las esperanzas de una nueva Libia", el texto documenta extensos abusos de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, por parte de múltiples milicias sospechosas de ser leales al asesinado dictador Muamar al Gadafi.

Según la organización defensora de los derechos humanos, con sede en Londres, hay detenciones ilegales y torturas que, en algunos casos, han causado la muerte.

Los inmigrantes y los refugiados africanos también han sido blancos de los abusos, mientras que las autoridades no han hecho esfuerzos para investigar y procesar a los responsables, añade.

"Hace un año, los libios arriesgaron la vida para exigir Justicia. Hoy sus esperanzas se ven perjudicadas por milicias armadas ilegales que pisotean los derechos humanos con impunidad", señala el informe divulgado hoy.

AI informa de que en enero y principios de febrero de 2012, una delegación de Amnistía visitó once instalaciones de detención en el centro y el oeste de Libia utilizada por varias milicias.

Los retenidos afirmaron haber sido torturados y maltratados en el lugar y mostraron a AI las heridas sufridas.

Varios arrestados dijeron haber admitido violaciones y otros delitos que jamás cometieron a fin de terminar con las torturas a las que eran sometidos, indica el texto de AI.

Al menos doce personas retenidas por las milicias murieron tras haber sido torturadas desde el pasado septiembre.

Según AI, no se ha iniciado una investigación sobre casos de tortura, incluso en situaciones en las que los detenidos perdieron la vida después de haber sido torturados por las milicias.

La organización subraya la necesidad de que las autoridades libias demuestren su compromiso de pasar página a décadas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos e investigue abusos perpetrados en el pasado y el presente y que los responsables sean procesados en virtud del derecho internacional.