Cerca de 300 activistas, de entre los más de 65.000 socios que pertenecen a Amnistía Internacional (AI) en España, se reúnen este sábado y mañana en Cáceres para celebrar una Asamblea General Federal en la que fijarán las prioridades de actuación para 2013 y pedirán de nuevo al Gobierno que no ponga en jaque la actual situación económica.

Según Alfonso López, presidente de AI España, la preocupación del movimiento "es que la crisis económica se convierta en una crisis de derechos humanos". Por este motivo, AI está siguiendo muy detenidamente el posible impacto que la crisis económica puede tener en España sobre el derecho a la salud y a una vivienda adecuada.

En concreto, AI ha pedido a las autoridades centrales y autonómicas que se aseguren de que cualquier medida en salud y vivienda adoptada con motivo del recorte del gasto público se evalúe previamente para que no resulte "discriminatoria". Igualmente, la entidad ha mostrado "preocupación" por si los inmigrantes y otros colectivos especialmente vulnerables son estigmatizados a causa de la crisis y sufren recortes de derechos, como el acceso a servicios de salud.

AI ve imprescindible que en el contexto de crisis se garantice el derecho de manifestación 

La organización también considera "muy importante", en el contexto de la crisis, que se garanticen el goce y ejercicio de los derechos de reunión, manifestación pacífica y asociación y que se asegure que las fuerzas de seguridad actúan y rinden cuentas en conformidad con las normas internacionales.

En relación a otros asuntos de política interior, el presidente de AI recuerda que el Gobierno no puede dejar de lado otras asignaturas pendientes, como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad, o la eliminación del régimen de incomunicación, en línea con las peticiones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Otro de los retos que, a juicio de la organización, debe afrontar el Gobierno español es la lucha contra la discriminación en todas sus formas. "Es intolerable que la policía realice identificaciones en la calle únicamente basadas en el perfil racial de las personas, una práctica que es a la vez ilegal y profundamente discriminatoria, y de hecho criminaliza a los migrantes, uno de los colectivos más vulnerables del país", advierte López.