La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha dicho hoy que no le gusta 'ningún velo', ha defendido un debate riguroso sobre su uso, sin demagogias, y ha opinado que la clave de esta cuestión está en el respeto a la Constitución, las creencias religiosas y la autonomía de los centros y de las CCAA.

Sobre este asunto, el titular de Educación, Ángel Gabilondo, ha indicado que otros países europeos no han sido capaces de zanjarlo aún y ha pedido que se añada a este debate de 'enorme complejidad' el derecho a la escolarización y la educación.

En los pasillos del Congreso, los ministros han sido preguntados por la prensa por el uso del pañuelo islámico en relación con una alumna de un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid) apartada de clase por ir con él puesto.

Sobre si es partidaria de prohibir o permitirlo en las aulas, Aído ha coincidido en que es un debate difícil, que debe ser tratado con sentido de la responsabilidad, 'huyendo de oportunismos y demagogias', no como probablemente esté ocurriendo ahora, ha añadido.

'Creo que, con el respeto, es como nos ha ido bien a lo largo de todo este tiempo. Es como hemos podido tener una convivencia pacifica, ejemplar, con la tolerancia imperando, y desde luego eso es lo que espero que se mantenga. Me parece -ha señalado- que no hay que alentar polémicas que nos conducen a ninguna parte'.

La clave, ha proseguido, está en el respeto a la Constitución, la igualdad de trato y de oportunidades, a las creencias religiosas, respeto a la autonomía de los centros educativos y la autonomía de las CCAA, que son las que tienen las competencias en materia educativa.

En cuanto a si son los centros los que deben decirlo o regularlo las administraciones, ha declarado:

'Mi posición personal es conocida, no me gusta ningún velo, pero este debate debe ser abordado desde el respeto, desde el dialogo y teniendo en cuenta que es muy complejo'.

En cuanto a la posición del PP en este asunto, ha asegurado que le sorprende porque este partido pretenda dar 'lecciones de igualdad' cuando vota contra leyes que promueve el Gobierno y las recurren en el Tribunal Constitucional.