La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, señaló este miércoles que espera tener lista "lo antes posible" la reforma legal que permitirá, por fin, prohibir los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Aído hizo este miércoles estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de terminar una ronda de encuentros con los portavoces en la Comisión de Igualdad de IU, Coalición Canaria y el PP.

La semana pasada, Aído empezó los contactos con los grupos parlamentarios de ERC, CiU, PNV, ICV y BNG. A falta de un último encuentro con UPyD, la secretaria de Igualdad afirmó este miércoles que existe "un amplio consenso" entre los grupos sobre la necesidad de eliminar estos anuncios, detrás de los cuales se esconden mafias que explotan sexualmente a mujeres inmigrantes, informa Europa Press. "La negociación va por buen camino", agregó Aído, que volvió a recalcar que "no hay marcha atrás".

Hay dos vías: reformar la ley de publicidad o hacer una norma nueva

El siguiente paso estará marcado por la fórmula que seguirá para prohibir estos anuncios: o reformar la actual ley general de publicidad o hacer una ley nueva. "Coincidimos en el tema de fondo, ahora estamos debatiendo la forma", señaló Aído a este diario. El Ejecutivo se ha puesto de plazo el próximo mes de julio para tomar una decisión al respecto, aunque todo parece indicar que se inclinará por elaborar una norma específica, ya que supondría que habría menos trámites administrativos.

Después de años de debate, el camino hacia la prohibición entra en su recta final. El Ejecutivo iniciará en breve una ronda de contactos con los principales diarios que publican este tipo de anuncios, aunque no es la primera vez que se reúne con los directores para recabar su opinión.

El Ejecutivo empezará en breve una ronda con los propios medios

Los primeros intentos del Gobierno pasaron, hace unos tres años, por la autorregulación, es decir, porque los propios medios eliminasen de sus arcas este tipo de ingresos, pero no dio resultado. La entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo contactos con los directores de los diarios, pero no les pudo arrancar un compromiso.

Asociaciones feministas recabaron firmas contra esta publicidad, pero no consiguieron ser recibidas por los responsables de los periódicos. Público renunció a esta publicidad desde su fundación, en septiembre de 2007.

Visto el escaso éxito con el tema de la autorregulación, el Ejecutivo encargó entonces al Consejo de Estado un informe, no vinculante, para conocer su postura. Dicho organismo emitió un veredicto totalmente favorable a la erradicación de este tipo de ingresos en los medios. El informe señala que la autorregulación que se había reclamado a los diarios había sido manifiestamente "insuficiente y baldía" y abogaba por solucionar el asunto con una regulación específica.

El informe fue polémico y la Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede) emitió por su parte un comunicado defendiendo que la publicidad "de cualquier acti-vidad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución".

El Consejo de Estado no ha sido el único en declararse en contra de esta publicidad. El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación, que entró en vigor en 2009, también insta a los periódicos a eliminar sus secciones de contactos.

Ahora, aparte de qué tipo de reforma legal hay que hacer, quedan por determinar cuestiones como, por ejemplo, si el veto afecta también a los anuncios por internet. "A priori, los grupos están de acuerdo en que el veto tiene que afectar a todos los medios, que la prohibición tiene que ser total", señaló Aído.

El tiempo apremia. El Gobierno quiere cerrar la reforma legal con los grupos parlamentarios en julio, antes de que termine el periodo de sesiones. Así, el texto podría empezar a redactarse después de las vacaciones.