La promotora malagueña Aifos se convirtió este miércoles en la tercera mayor suspensión de pagos de la historia española, tras las de Martinsa Fadesa y Habitat. Aifos, implicada en la Operación Malaya, logró esquivar una vez el concurso de acredores, pero finalmente ha caído.

La promotora ha entrado en concurso voluntario, por decisión del Juzgado Mercantil número 1 de Málaga, tras no lograr un acuerdo con sus acreedores cuando ya estaba en una situación preconcursal, según fuentes judiciales, informa Efe. Ahora, la empresa presidida por Jesús Ruiz Casado, que estuvo en prisión preventiva por la trama de corrupción en Marbella y salió tras abonar una fianza de 500.000 euros, deja un reguero de deudas de aproximadamente 1.000 millones. Más de 2.000 acreedores aspiran, a partir de ahora, a cobrar al menos una parte de este agujero.

Entre los principales acreedores figuran Caja Madrid, Banco Popular, Caja España, Cajasol y Banesto, si bien la promotora también tenía créditos con La Caixa, BBVA, Caixa Galicia, Unicaja y Banco Pastor.

Además de los acreedores, también serán ahora víctimas de la caída de Aifos sus más de 1.200 trabajadores y los 3.000 compradores de un piso de esta inmobiliaria, que ahora tendrán que afrontar una espera indefinida por sus viviendas. La empresa explicó en un comunicado que ha presentado el concurso voluntario para 'garantizar la construcción de las 3.000 viviendas suscritas con sus clientes y su entrega en el menor plazo posible'.

A finales del año pasado, Aifos se libró de que el juez declarara el concurso de acreedores forzosp a petición de un proveedor. Curiosamente, Aifos dejó de cobrar 54 millones por unos suelos que no le pagó la promotora Tremón, que ha protagonizado la cuarta suspensión de pagos española.

Un proveedor que no ha cobrado quiere que la inmobiliaria Realia, que controlan la constructora FCC y Caja Madrid, suspenda pagos forzosamente. Así lo solicitó en el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, que lo admitió a trámite y ha fijado la vista de confrontación entre las dos partes. Realia va a defender su solvencia frente a la petición de Instalaciones Feima que reclama un pago de Instalaciones Feima de 301.000 euros. Hay ya un precedente a favor de la inmobiliaria: en mayo, otro juez desestimó la solicitud de un proveedor que quería hacer caer a la promotora Nozar.