El Gobierno ha aprobado la mayor subida del Impuesto sobre la Renta amparándose en que el déficit público de 2011 se ha desviado del 6% del PIB previsto hasta el 8% o más, según el ministro que lo cuantifique. Sin embargo, el aumento del IRPF de hasta siete puntos porcentuales se produce en el tramo estatal cuando la principal responsabilidad en la desviación del déficit corresponde a las comunidades autónomas, la mayor parte de ellas gobernadas por el PP y por una doble vía. De los alrededor de dos puntos del PIB de mayor déficit, al menos la mitad corresponde a las autonomías, según las cifras que manejan en el Ministerio. A ello se añade que la Seguridad Social no habrá aportado las cuatro décimas porcentuales de superávit previstas y que tampoco la recaudación impositivava a cumplir los objetivos.

Un informe interno de Hacienda cuantifica esta caída de la recaudación en algo más de 3.000 millones de euros, que afecta tanto al Estado como a las autonomías, puesto que tienen una participación en los impuestos. En este descenso recaudatorio influye la situación de recesión económica en la que se habría entrado en el último trimestre del añoy no se descarta que una futura revisión de los datos dé también crecimiento negativo en el tercer trimestre pero también el aumento de los aplazamientos de pago. La crisis o recesión económica provoca que haya menos consumo, menos beneficios y menos empleo y, en consecuencia, menor recaudación impositiva. Por su parte, la Intervención General del Estado limita lo que se puede considerar ingreso si el pago está aplazado ante el riesgo de que al final no se cobre, así que en torno al 75% de los aplazamientos no se incluye en el capítulo de ingresos. Varias autonomías están retrasando el pago a Hacienda de las retenciones del IRPF de sus empleados públicos, lo que se suma a otros aplazamientos solicitados por empresas y particulares.

La mitad del incumplimiento corresponde a las comunidades

A todo ello se añade una pequeña desviación de las corporaciones locales, que pueden aportar una décima más de lo previsto al déficit total de las administraciones públicas.

Aunque la mayor parte de la desviación del déficit se producirá por el incumplimiento presupuestario de gran parte de las comunidades, tanto el recorte del gasto de 8.900 millones como la subida impositiva en el IRPF se produce en la parte estatal, que es la que puede aprobar el Gobierno central.

Las rentas de capital pagan un máximo del 27%; las del trabajo, más del 52%

Al aprobar la subida del IRPF, Mariano Rajoy incumple el programa electoral del Partido Popular y su promesa ('mi intención es no subir los impuestos') ya en el primer Consejo de Ministros. Pero, además, aunque el incremento es progresivo, recae principalmente sobre los asalariados y autónomos, aunque también haya un aumento en el tipo aplicable a las rentas de capital.

La subida de la tarifa decidida por el Gobierno supone que rentas medias de unos 35.000 euros anuales paguen, al menos, un tipo marginal del 40% y que el marginal máximo alcance el 52% en la tarifa general, superando el 56% en comunidades como Catalunya o Andalucía, que tienen tipos superiores en el tramo autonómico.

Si bien la subida es progresiva (va desde los 0,75 puntos porcentuales más para bases liquidables inferiores a 17.707 euros hasta los siete puntos para rentas superiores a 300.000 euros), según los datos que maneja Gestha, más de dos terceras partes de la subida fiscal las soportará la clase media, un 44,1% de los contribuyentes.

Sólo el 3,8% de los contribuyentes declaran rentas superiores a 60.000 euros, por lo que la mayor aportación en conjunto la harán las rentas medias y bajas, mientras que más del 81% de los declarantes tienen bases liquidables inferiores a 30.000 euros anuales.

Además, se mantiene la diferente tributación entre rentas de capital y rentas del trabajo: las primeras pagan como máximo un tipo del 27% ha subido seis puntos porcentuales y las segundas más del 52%.