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Al cumplirse 16 años de la matanza de La Cantuta en Perú, dan el último adiós a las víctimas

EFE

Los restos de las 10 víctimas de la matanza de la universidad limeña La Cantuta volvieron hoy a esa casa de estudios para ser velados 16 años después de su secuestro y asesinato durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), ahora juzgado por violación a los derechos humanos.

Con arengas como "la sangre derramada jamás será olvidada" y "Escucha Fujimori, Cantuta no se olvida", medio millar de estudiantes y docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta, a unos 50 kilómetros al este de Lima, acompañaron el cortejo fúnebre durante su recorrido.

En medio de las lágrimas de los familiares y una lluvia de flores, los restos hicieron varias paradas en los distintos lugares que frecuentaban.

"Hemos querido despedir a nuestros familiares desde este lugar, desde donde fueron arrancados por los criminales, para que ellos también vean que (...) no olvidamos a cada una de las diez víctimas ni tampoco el nombre de cada uno de los asesinos", dijo en un discurso la representante de los deudos de La Cantuta, Gisela Ortiz.

Pese al tiempo transcurrido, los familiares, que portaban en el pecho las fotos de las víctimas, derramaban lágrimas y se abrazaban entre ellos para darse consuelo, como pasó con Raida Cóndor, uno de los pilares de los deudos de La Cantuta.

"Él sabe que yo luché por él. Él fue mi guía", manifestó a Efe Cóndor, madre de Armando Amaro, tras recordar que la última vez que abrazó al joven estudiante fue cuando se despidió de él tres días antes del crimen y desde entonces: "le sigo esperando".

Durante la procesión, se pasó lista a las víctimas: Luis Ortiz, Juan Mariños, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Armando Amaro, Dora Oyague, Felipe Flores, Bertila Lozano y Marcelino Rosales, así como el profesor Hugo Muñoz.

Tras la lectura de cada nombre, la respuesta era multitudinaria: "¡presente!".

Pero los cuerpos de las víctimas no estaban físicamente presentes porque solo había seis féretros, aunque ellos eran "algo simbólico", según explicó a Efe Gisela Ortiz por el tamaño pequeño de los ataúdes.

La representante de los deudos enfatizó que "estos son los restos que nos han dejado los criminales, no tenemos más".

El sábado 18 de julio de 1992, las diez víctimas fueron secuestradas y asesinadas por el grupo militar encubierto Colina, creado presuntamente por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos con la anuencia de Fujimori.

Después, los cuerpos fueron calcinados y enterrados en diversos lugares, por lo que no se han podido recuperar ni identificar en su totalidad.

"Los asesinos los enterraron tres veces y nosotros dos veces, podemos decir que esta vez es la última", enfatizó la hermana de Luis Ortiz, en alusión al entierro, mañana, de los restos en un mausoleo en el limeño cementerio El Ángel.

La señora Cóndor también recalcó que tras el entierro de las víctimas de La Cantuta, los familiares esperan que se le dé una sanción ejemplar a Fujimori y a todos los responsables de esta matanza y que se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta instancia jurídica, con sede en Costa Rica, determinó en diciembre de 2006 que el Estado peruano pague cerca de 1,8 millones de dólares y ofrezca una disculpa pública a los deudos del caso La Cantuta.

"Ha pasado más de un año (...), el señor Alan García (presidente de Perú) se hace el sordo y el mudo", manifestó Cóndor, en alusión al incumplimiento del Gobierno.

Pese a ello, los familiares de las víctimas de La Cantuta se sienten victoriosos por los avances de la justicia y la recuperación de la memoria, acotó Ortiz.

Actualmente, Fujimori es juzgado en Perú por la matanza de La Cantuta y la de Barrios Altos (1991), así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de Estado de 1992.

Además, la justicia peruana ya ha sentenciado por la matanza de La Cantuta a una decena de personas, entre ellos al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, condenado a 35 años de cárcel.

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