Cuando faltan 24 horas para que finalice el plazo de presentación de candidaturas, cuatro nuevos municipios han autorizado postularse para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares: tres en Castilla y León y uno en la Comunidad Valenciana.

Se suman a las localidades castellano-manchegas de Yebra y Villar de Cañas y a la catalana de Ascó, que en los últimos días se presentaron como posibles receptores de la polémica inversión, que albergaría residuos nucleares durante 60 años.

El jueves por la noche, el Ayuntamiento de Zarra, Valencia, aprobó ayer en un pleno la decisión, cuyo objetivo es dar una salida al paro de la comarca, según declaró el alcalde, Juan José Rubio, en declaraciones a la Cadena Ser.

"Estamos cerca de (la central nuclear de) Cofrentes para recibir lo malo, nosotros no cobramos de la central nuclear", explicó como otro de los motivos para presentarse.

Dos localidades vecinas en la provincia de Valladolid, Melgar de Arriba y Santervás de Campos, han aprobado el viernes sus candidaturas.

"Como ese cementerio nuclear, hay muchos en todo el mundo y no han dado ningún problema ni tienen por qué darlo", declaró el alcalde de Santervás, Santiago Baeza, a la Ser.

En este pueblo, como en otros candidatos, hay división de opiniones sobre la idoneidad de instalar el silo nuclear en su término municipal.

"Yo me he enterado por la radio, (Quiero) protestar enérgicamente porque no queremos de ninguna manera que haya un cementerio nuclear en nuestras casas", declaró a la Ser una vecina que no fue identificada.

En Torrubia de Soria, el séptimo candidato, la idea de presentarse surgió medio en broma, pero después se decidieron como un modo de evitar la despoblación que afecta a los pequeños municipios como el suyo, según explicó su alcaldesa, María Ángeles Delso.

PEQUEÑOS CANDIDATOS

Excepto Ascó, con una población censada de 1.608 personas, el resto de candidatos menos dos tiene menos de 500 habitantes, siendo Torrubia el más pequeño de todos con apenas 79 vecinos.

La ubicación del cementerio nuclear ha dividido a partidos políticos y administraciones locales y autonómicas. También ha generado concentraciones ciudadanas a favor y en contra del mismo.

300 puestos de trabajo durante su construcción y más de un centenar durante su vida útil -, mientras que sus detractores denuncian la elevada radiactividad de los residuos, que tienen una vida de cientos de miles de años.

Si bien la Junta de Castilla-La Mancha y la Generalitat de Cataluña se han mostrado en contra de la ubicación en sus tierras del cementerio nuclear, los gobernantes de Castilla y León pusieron una condición al Gobierno central: que reconsidere el cierre de una central nuclear, la de Garoña.

"El presidente del Gobierno (...) ha apelado al consenso. Nosotros le decimos muy claramente (...) que con el Gobierno de Castilla y León no cuente. (...) Podrá empezar a contar cuando rectifique sobre Garoña", declaró el jueves el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Desde el PSOE en Castilla y León lamentan que este tipo de municipios tengan que recurrir a estas iniciativas para evitar quedarse desérticos.