Alaya enfila a Griñán

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los exedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, tiene enfilado a José Antonio Griñán. En un auto fechado este viernes, la magistrada disparó otra vez directamente contra el presidente de la Junta de Andalucía. Alaya asumió una petición del PP y reclamó al Gobierno que le dé cuenta en diez días de los incrementos presupuestarios que la consejería de Hacienda, cuando la dirigía Griñán, ejecutó en la partida destinada al pago de los ERE, bautizada por Javier Guerrero, su gestor durante años e imputado en el caso, como “fondo de reptiles”, aunque luego rectificó y lo llamó “fondo para apuros”. El fondo estuvo dotado con 647 millones de euros entre 2001 y 2010.

Alaya exige al Gobierno que le informe de estas modificaciones desde el año 2005. Es en esa fecha cuando la Intervención de la Junta advirtió en un informe de que Empleo estaba concediendo subvenciones con desprecio “total y absoluto” al procedimiento establecido para ello, lo que generó a la Junta de Andalucía obligaciones de pago superiores a las presupuestadas, afirma Alaya. Por tanto, la magistrada considera que a partir de esa fecha el Gobierno y Griñán (que era entonces consejero de Hacienda) ya sabían que esas ayudas eran ilegales. La jueza parece concluir que, como consecuencia, cualquier incremento posterior a ese informe del fondo de los ERE supone una ilegalidad. Y, por ello, reclama al Ejecutivo que le envíe la información.

El Gobierno discrepa rotundamente de la magistrada. Por un lado, consideran, Griñán nunca vio el informe de la Intervención al que se refiere la jueza, porque su número dos de entonces, Carmen Martínez Aguayo, ahora consejera de Hacienda, no se lo pasó. Ella misma así lo expresó en una comparecencia ante la prensa. Por otro lado, argumentan fuentes del Gobierno, los incrementos presupuestarios de la partida para ERE están todos avalados por la propia Intervención de la Junta, firmados por el consejero, y luego aprobados por el Consejo de Gobierno, lo cual avalaría su limpieza y legalidad.

“Lo que sería ilegal sería precisamente lo contrario, haber incrementado la partida sin seguir toda esa tramitación”, afirmaron las fuentes del Ejecutivo consultadas. Además, todas las modificaciones presupuestarias, agregaron las fuentes, están recogidas en las actas del Consejo de Gobierno, que obran en poder del juzgado.

La argumentación de la jueza

La jueza argumenta en su auto que “pese al informe de la Intervención fechado el 25 de julio de 2005, [Empleo] siguió utilizando para la materialización de sus ayudas a terceros, la figura de la transferencia de financiación [...], específicamente destinada a financiar gastos corrientes de las empresas públicas”. “Mediante esta figura –prosigue Alaya– se realizaron verdaderas subvenciones excepcionales sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni [tampoco] la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas”.

La magistrada remacha: “Siendo esto así, y habiéndose notificado el resultado de tales informes al titular de la Consejería de Hacienda [Griñán, a la sazón] resulta de especial interés para la investigación que se remitan al juzgado los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Hacienda relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno”. El PP que ya ha pedido la dimisión de Griñán en diferentes ocasiones, ya tiene así un motivo de peso más para hacerlo de nuevo. El Gobierno manifestó que el auto de la magistrada venía determinado por la “agenda de manipulación judicial del PP andaluz”.