La alcaldesa que tardaría 7.058 años en pagar la deuda culpa a su antecesor

El pueblo de Guadalajara con una deuda que tardaría en pagar 7.058 años, al que se ha referido hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sin citar su nombre, es Pioz, cuya alcaldesa ha dicho a Efe que su antecesor en el cargo es el responsable de la situación.

Pioz, un municipio de 3.500 habitantes ubicado en la Alcarria guadalajareña, ha presentado facturas por valor de 16 millones de euros para el Plan de Pago a Proveedores, una deuda que, según Beteta, tardará más de 7 milenios en saldar.

La alcaldesa, Amelia Rodríguez, del PP, llegó al poder en mayo de 2011 y asegura que lleva todo un año denunciando las irregularidades cometidas por el anterior alcalde, el socialista Emilio Rincón.

De hecho, tal y como ha relatado a Efe, siempre ha pensado que el Ayuntamiento estaba "para intervenirlo".

"Por desgracia somos nosotros, aunque de susto no me ha pillado", ha manifestado esta regidora, que se pregunta cómo es posible que un municipio de 3.500 habitantes haya acopiado tal volumen de deuda, que asciende a 16 millones de euros.

En este sentido, ha advertido de que la relación de facturas presentada por la intervención no incluye otras muchas sin reconocer o sin registrar.

Entre ellas, especialmente dos expedientes muy significativos: uno por valor de 2,8 millones de euros relativo a la construcción de una piscina, y otro de 5 millones de euros de una depuradora y un punto limpio.

Lo mejor de esta noticia para Rodríguez es que confirma que sus denuncias "eran ciertas", por lo que ha exigido al anterior equipo de Gobierno que sean ellos los que den explicaciones de cómo se ha podido llegar a esta situación.

"Ya no es solo la deuda, es que en el tema administrativo está todo manga por hombro", ha añadido la regidora, que lamenta que "hayan arruinado al pueblo para toda la vida".

En cualquier caso, ha avanzado que ya ha interpuesto una demanda contra los anteriores gestores por el tema de la piscina municipal, ya que, según ha puntualizado está valorada en 300.000 euros, pero la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción reclama 2,8 millones.

"Llevamos un año sufriendo mucho, pero con ganas de sacar esto adelante, y yo haré lo que esté en mi mano y siempre bajo el dictado de la administración para hacerlo", ha concluido Rodríguez.