Un alto cargo del PP recuerda a los funcionarios que no se puede criticar al Gobierno en horario laboral

Una circular del Instituto de la Juventud (INJUVE) ha recordado a sus empleados públicos que no pueden emitir opiniones sobre los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy durante su jornada laboral.

En el comunicado se establece que "la formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar" no son compatibles durante "el desempeño del puesto de trabajo" y recuerda que esto no responde a "los deberes que incumben a los empleados públicos".

Este escrito está firmado por el director del INJUVE Rubén Urosa Sánchez, nombrado por la ministra Ana Mato en enero, y está dirigido a todos los empleados públicos de este organismo. La circular llega tras el envío de tres e-mails masivos a través del correo corporativo en los que se expresan las quejas de la falta de higiene por la huelga de limpieza de la empresa Esabe Limpiezas, sociedad externa que no está pagando a algunos de sus trabajadores.

En el primer correo electrónico enviado, un funcionario se quejaba sobre la suciedad de algunos lugares del edificio número 71 de la calle José Ortega y Gasset y la pulcritud de algunas plantas, entre ellas la del despacho del director. Un portavoz del Injuve matiza a Público que esta limpieza selectiva "no es cierta" y asegura que la dirección está resolviendo esta situación.

A este e-mail respondieron dos personas que "aprovecharon para criticar las medidas del Gobierno", asegura el portavoz del Injuve. Por este motivo, Rubén Urosa Sánchez decidió enviar una circular en la que ha recordado a los funcionarios que deben seguir los principios de "objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público" durante su horario laboral.

UGT recuerda que los funcionarios están realizando parones todos los días contra el tijeretazo de RajoyEn ella, también advierte de que "en lo sucesivo", las críticas que se formulen "al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento", por si constituyeran una "falta disciplinaria sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público".

Desde la sección sindical de UGT del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerdan que todos los días se están realizando parones de 20 minutos en el Ministerio de Sanidad, así como en otros sectores públicos, para manifestarse en contra de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, entienden este comunicado como una "censura", pues consideran que si continúan con las protestas, los funcionarios que participen podrían ser sancionados.

Un portavoz de esta sección sindical de UGT asegura que este punto se extiende a todo el funcionariado, no sólo a los empleados del Injuve, por lo que todos podrían ser sancionados, aunque todavía no tienen conocimiento de que se haya cursado ninguna falta.

Las convocatorias en horario laboral hay que avisarlas con 48 horas

Los funcionarios del Ministerio de la Presidencia han recibido un comunicado de este organismo que les recuerda que la reunión en asamblea de los funcionarios se establece en Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y añade que el permiso de este tipo de encuentros se adjudicará fuera de las horas de trabajo "sin que su celebración perjudique la prestación de servicios".

Además, en este escrito detallan que "únicamente se concederá una autorización hasta un máximo de 20 horas anuales". Los convocantes deben avisar a la Administración con "24 horas de antelación para las reuniones fuera de la jornada de trabajo", un plazo que se amplía a 48 horas si la convocatoria se celebra durante el horario laboral, según se establece en el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Por este motivo, muchos funcionarios están reduciendo sus parones de 20 minutos y los están realizando durante su tiempo de descanso para evitar posibles sanciones que podrían dejarles sin sueldo durante el periodo que estableciera el inspector laboral.