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Amaiur pide esta tarde al Congreso que condene los sucesos de Vitoria de 1976

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El grupo parlamentario de Amaiur defiende esta tarde en el pleno del Congreso una iniciativa para que la Cámara condene los conocidos como "sucesos de Vitoria" de 1976, en los que cinco obreros murieron durante el desalojo de una iglesia que acogía una asamblea de trabajadores del metal.

La proposición no de ley insta además al Congreso a que reconozca como víctimas del terrorismo a los fallecidos y heridos aquel día a cargo de las fuerzas de orden público.

Amaiur quiere que la Cámara rechace los "asesinatos y brutales agresiones" cometidas el 3 de marzo de aquel año durante el desalojo, y se solidarice con las víctimas de aquel suceso y con sus familiares.

La coalición abertzale también espera que el Congreso apoye las iniciativas de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo en demanda de verdad, justicia y reparación.

Todo ello, añade el texto de la iniciativa, "contra el olvido y la impunidad", y con el fin de que "se esclarezca por completo lo sucedido", se haga justicia a las víctimas y se depuren las responsabilidades.

Finalmente, en la proposición no de ley se insta al Gobierno a que incluya a las víctimas de aquel suceso en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y que "reconozca la responsabilidad del Estado en aquellos trágicos" hechos.

En la exposición de motivos, Amaiur relata aquellos hechos, ocurridos en la Parroquia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga, recuerda que aquella fue una jornada de huelga general y la iglesia estaba llena, y apunta que las fuerzas del orden emplearon para el desalojo gases lacrimógenos.

Después, añade Amaiur, varios de los desalojados fueron alcanzados en las inmediaciones de la iglesia por pelotas de goma y disparos de armas de fuego.

Además de los fallecidos, subraya que hubo decenas de heridos, con al menos 47 personas hospitalizadas.

También menciona que según algunas informaciones el desalojo fue ordenado por el entonces gobernador civil de Álava, Rafael Landín, aunque según otras fue decisión del ministerio; en cualquier caso, añade, fue decidido por "funcionarios del Estado".

Subraya, por otra parte, el hecho de que la reunión que se celebraba en la iglesia era pacífica y así lo defendió el párroco del templo.