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Amnistía pide el fin de la incomunicación de detenidos en España

Reuters

Por Blanca Rodríguez

El régimen de incomunicación que se aplica a algunos detenidos en España, principalmente a sospechosos de terrorismo, no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos al privarles de un abogado de confianza, e incrementa el riesgo de tortura, según un informe de Amnistía Internacional hecho público el martes.

El documento, titulado "España: Salir de las sombras", afirma que ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos de los detenidos y considera que "esta falta de transparencia" puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos.

"Aumenta las posibilidad de malos tratos y torturas (...) y la denegación de la posibilidad de hablar con un abogado de confianza, de hablar con cualquier abogado en privado, de tener acceso a su familia o a un médico de confianza puede significar que su derecho a un juicio justo pueda verse perjudicado", explicó a Reuters en una entrevista la autora del informe, Rachel Taylor.

"Este tipo de legislación que ha sido condenado tantas veces a nivel internacional por organizaciones como Amnistía o por Naciones Unidas es realmente una vergüenza para la reputación de un país que quiere mostrarse serio en el momento de proteger los derechos humanos", añadió.

La ley de enjuiciamiento criminal española permite excepcionalmente mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días, y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo, una medida sometida siempre a la supervisión judicial.

El Gobierno español justifica el uso de esta prerrogativa por motivos de seguridad nacional y pública. La incomunicación se aplica para evitar que los sospechosos puedan ocultar, alterar o destruir pruebas relacionadas con un delito grave.

Fuentes del Ministerio de Justicia insistieron en cualquier caso en que se trata de una medida excepcional que sólo se adopta en las ocasiones en que resulta absolutamente imprescindible, y únicamente cuando no hay otros medios menos gravosos para conseguirlo.

"El uso que se hace de esta facultad que, conviene insistir, es de naturaleza judicial, es absolutamente inusual fuera de supuestos de bandas armadas y terrorismo", dijeron las fuentes a Reuters, que aseguraron que el Tribunal Constitucional siempre ha avalado la legitimidad de la regulación.

Taylor señaló sin embargo que la norma choca con acuerdos internacionales firmados por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevén salvaguardas para personas privadas de libertad y para tener un juicio justo.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO

La autora del informe criticó además la dificultad para tener estadísticas sobre el uso del régimen de incomunicación de detenidos o de presentación de denuncias de malos tratos durante este período, pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno.

"Este tipo de información no está disponible al público (...) es una falta de transparencia por parte de las autoridades", afirmó.

"Por supuesto que el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos contra el terrorismo, pero también tiene que hacerlo en el marco internacional de derechos humanos y esta legislación, que ha sido condenada múltiples veces (...) no sirve ni para proteger a la gente del terrorismo ni para proteger los derechos de los detenidos".

Entre las numerosas recomendaciones que Amnistía dirige a las autoridades españolas está que se garantice que todos los detenidos puedan disfrutar de su derecho a consultar en privado con un médico y un abogado de su elección, y que el letrado esté presente desde el principio de la detención y durante todo el período de custodia.

También pide a los jueces que denieguen las solicitudes de autorización de detención incomunicada y recomienda la colocación de equipos de grabación en todas las zonas de las comisarías y otros lugares donde puedan estar los detenidos.

Aunque reconoce avances en este ámbito, Amnistía afirma que la videovigilancia debe ser obligatoria por ley en todos los casos, y pide que se realicen investigaciones exhaustivas sobre cualquier denuncia de tortura o malos tratos formulada por detenidos.

El informe completo puede consultarse en www.es.amnesty.org.

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