La Federación Andalucía Acoge advirtió este miércoles del peligro que supone para el Estado de Derecho 'la tendencia actual en la gestión política de recortar los derechos de la población inmigrante'. Ángel Madero, presidente de la organización cree que este retroceso se intenta justificar alegando la actual situación de crisis, sin tener en cuenta que 'ésta no puede suponer una merma de libertades ya adquiridas'.

Con respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, Madero apuntó que el actual anteproyecto 'viola derechos y libertades fundamentales como el de la educación, y aunque se hace necesaria la reforma, no debería ser de esta manera'. Además, la organización propuso que el derecho de los inmigrantes a la educación sea en las mismas condiciones que la población española.

Con la redacción actual del anteproyecto se permite en los centros de internamiento que el plazo para ingresar se pueda aumentar a 60 días 'de manera significativa'. La organización sostuvo en este sentido que la falta administrativa no debe suponer la privación de libertad de una persona, por lo que propone el cierre de los centros de internamiento y, mientras tanto, la fiscalización de los mismos por parte de las entidades sociales.

Una muestra más del 'talante restrictivo' del anteproyecto de reforma, según Andalucía Acoge, es la posibilidad de sancionar con multas de hasta 10.000 euros a personas y entidades que acojan a inmigrantes en situación administrativa irregular 'criminalizando una vez más no sólo un derecho universal como es el emigrar sino el derecho a ejercer libremente solidaridad', denunció José Miguel Morales, secretario general de la federación.