El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que dispondrá de 120 millones de euros adicionales para paliar el impacto de la crisis, y que tiene como principal actuación un plan de acción social dotado con 60 millones. 

Se trata de medidas de carácter "transitorio", según han destacado en conferencia de prensa la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que han recordado que la Junta tiene previsto aprobar la Ley de Renta Básica, pero la actual situación de crisis hace que los ciudadanos "no puedan esperar".

"No es posible esperar mientras el azote del paro está dejando sin ingresos a miles de familias", ha dicho el portavoz para justificar estas medidas "paliativas y de carácter temporal", al tiempo que ha pedido "sensibilidad" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para poner en marcha una estrategia nacional contra la exclusión social tras señalar que la Junta está demostrando que "otra política es posible" para no "dejar a nadie en la cuneta".

"No es posible esperar mientras el azote del paro está dejando sin ingresos a miles de familias"En Andalucía, con casi 1,5 millones de desempleados, el número de hogares sin ningún tipo de ingresos ha pasado de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012, y más de 72.000 menores viven en hogares con privación material severa, mientras que 33.868 personas mayores están en situación de exclusión social. El decreto ley incluye medidas para fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis, atender las necesidades básicas de alimentación de los menores y los mayores en riesgo de exclusión, y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito. 

Estos objetivos se concretan en el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía (60 millones de euros); el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 16 millones, y una serie de modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación, con unas inversiones adicionales de 44 millones.

El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía pretende frenar la pérdida de empleo y paliar las situaciones de emergencia que padecen los colectivos más vulnerables. Coordinado por la Consejería de Bienestar Social y gestionado por los ayuntamientos que lo soliciten, el plan se compone de dos programas: el de Ayudas a la Contratación y el de financiación complementaria para consolidar los Servicios de Ayuda a Domicilio.

El primero, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, y según las previsiones que maneja la Junta, se podrá emplear a más de 47.000 personas. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las familias con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; los residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos.

Se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos En cuanto a la financiación complementaria para los Servicios de Ayuda a Domicilio, el decreto consigna una dotación de 20 millones de euros para mantener la dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y el empleo en el sector, factores que se han visto afectados por la disminución de la aportación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia. En este caso, la previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la creación de 2.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria está dotado con 16 millones, de los que 12 se destinarán a la constitución de la Red Solidaria Alimentaria; el reforzamiento de las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor escolar; la ampliación del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Personas Mayores y la ampliación del Programa de Ayudas Económicas a las Familias. Así, se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos, y se reforzarán las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor escolar de los centros docentes, con lo que se prevé que de los dos millones de menores que actualmente tienen bonificado el almuerzo, 46.800 puedan recibir también gratis el desayuno y la merienda. El Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Mayores se amplía a doce nuevos centros, con lo que unas 12.700 personas accederán a estas ayudas este año (7.500 más).

El decreto se completa con modificaciones normativas para agilizar los trámites del Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuya petición se ha duplicado desde el comienzo de la crisis, por lo que se refuerza con una dotación extraordinaria de casi 44 millones.