Este artículo se publicó hace 16 años.
Un año de cárcel para Muñoz sustituible por una multa y 8 de inhabilitación
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado hoy a la pena de un año de cárcel, sustituible por una multa de 7.200 euros, y ocho de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en relación con la concesión de unas licencias a la empresa Proinsa.
En un juicio celebrado hoy, las partes han llegado a un acuerdo de conformidad en el que también se condena a los ex concejales Manuel Calle, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá a la misma pena, mientras que a los ex ediles Rafael González, Tomás Reñones, Javier Lendínez, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa se les han impuesto nueve meses de prisión eludibles con 5.700 euros y otros ocho años de inhabilitación.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, donde se ha celebrado el juicio oral, establece además la nulidad de la licencia para la construcción de la promoción "Residencial Las Cañas", en la urbanización Carolina Sur de Marbella.
La juez ha destacado que las multas pueden ser abonadas por plazos por los condenados, aunque fuentes de la defensa de varios de los ex ediles han adelantado que al menos uno de ellos han mostrado su voluntad de cumplir la pena de prisión.
Por su parte, el ex concejal del Consistorio marbellí Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que estaba imputado también en estas diligencias, no ha sido juzgado hoy al encontrarse en situación de busca y captura.
En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía solicitaba dos años de cárcel para Muñoz, Alcalá y González -a los que acusaba de un delito continuado contra la ordenación del territorio- y 18 meses de cárcel para el resto, pero finalmente ha modificado su petición, que se enmarca en el acuerdo marco que negocia con las defensas de los ex ediles de Marbella en relación con un centenar de causas urbanísticas.
Dicho acuerdo establece una distinción entre los ex concejales que integraron la primera y la segunda corporación municipal del GIL, tal y como ha quedado reflejado en esta sentencia, al considerar que los primeros aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, anulado posteriormente por la Junta de Andalucía, según han explicado las mismas fuentes.
En este sentido, la Fiscalía establece que las licencias aprobadas para la construcción de la promoción "Residencial Las Cañas" eran contrarias al plan de 1968, en el que parte del suelo sobre el que se proyectaba la edificación estaba catalogado como zona verde deportiva.
Para su comparecencia en el juicio, Julián Muñoz ha sido trasladado a los juzgados desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ingresó en julio de 2006 por el "Caso Malaya", aunque actualmente cumple tres condenas por causas urbanísticas.
El ex regidor se encuentra a la espera de la notificación de su primer permiso, concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén, para abandonar la prisión durante tres días.
Muñoz solicitó dicho beneficio penitenciario cuando se encontraba en la cárcel de Jaén -donde pasó parte de su encarcelamiento-, y la junta de tratamiento de dicha prisión acordó denegarlo en diciembre de 2007, decisión que fue recurrida por el preso y que ahora ha dejado sin efecto el juez.
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