Anticorrupción pide 14 años de cárcel para el presidente de Damm por defraudar 72 millones a Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel para el presidente de la cervecera Damm y una de las mayores fortunas de España, Demetrio Carceller Arce, por colaborar durante años en la ocultación a Hacienda de las rentas y patrimonio de su padre, Demetrio Carceller Coll (expresidente de la misma empresa), por importe superior a 72 millones de euros.

El fiscal, en un informe presentado en la Audiencia Nacional, reclama que este último indemnice al fisco en esa cantidad, declarando responsable subsididario a su hijo. Para Carceller Coll, la petición de pena se eleva a 48 años y de cárcel, por trece delitos contra la Hacienda Pública y otro más de blanqueo de capitales. A su hijo, Carceller Arce, actual presidente de Damm, le considera autor de cuatro delitos fiscales y un quinto de blanqueo.

En su exposición de hechos, la Fiscalía señala que Demetrio Carceller Coll ocultó sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española desde el año 1990, "simulando" residir fuera de España (en Portugal y Reino Unido), para ser considerado 'no residente' y eludir sus obligaciones tributarias del IRPF, y los impuestos de patrimonio y sociedades. Carceller Arce, y otros dos acusados, José Luis Serrano y Gabriel Pretus (hombre de confianza y asesor financiero, respectivamente, de Carceller Coll) con considerados participantes de modo esencial en los delitos investigados.

El expresidente de la cervecera ha ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de  acusados.

Añade que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo "Jardines".

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

Por su parte, al actual presidente de Damm Carceller Arce, concretamente, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de  blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

A su padre Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo; Para José Luis Serrano Florez 19 años de cárcel y para el asesor Ignacio Gabriel Petrus 41 años.

El escrito, que solicita la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados, detalla las complicadas estructuras fiduciarias creadas y utilizadas para ocultar todos los intereses económicos de Carceller padre así como para revertir las cantidades defraudadas e incrementar así su patrimonio y rentas.

Se hizo a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad el empresario ostentaba un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la luxemburguesa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG en lo que el fiscal denomina "Operación Nelson".

El escrito detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como la "Piolin" (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); la "operación Halfrond" (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada "operación de sociedades agrarias" (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Anticorrupción contabiliza hasta seis de estas operaciones e incluye también en su escrito que Carceller Coll fue titular de diversas cuentas bancarias abiertas en JP Morgan y Citigroup; así como de sociedades instrumentales que a su vez figuraban como titulares de cuentas abiertas en estas entidades financieras.

Dichas cuentas bancarias, si bien operaban materialmente desde España, según Anticorrupción, estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias del exterior, en concreto Citigroup Private Bank en Londres y JP Morgan en Bruselas, lo que contribuyó a conseguir la finalidad defraudadora perseguida por el expresidente de la cervecera.

También se le atribuye a Carceller Coll un ocultamiento de fondos a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller en lo que Anticorrupción denomina "Operación Tia Tula 2".

En este caso, heredó un total de 9.072.981, 54 euros y únicamente declaró 6.736.887,64. Sólo en esta operación defraudó al fisco 1,2 millones de euros. Hasta julio de 2013, según Anticorrupción, los intereses de demora devengados por dicha cuota ascendía a 486.418,56 euros.