ETA "sigue teniendo capacidad para cometer atentados" y "no se puede decir que esté exangüe", advirtió hoy el capitán de la policía antiterrorista francesa Laurent Hury, en el juicio a siete presuntos miembros del aparato militar de ETA.

Hury respondía a una pregunta de uno de los miembros del Tribunal de lo Criminal de París sobre si ETA está consiguiendo garantizar el relevo con nuevos reclutamientos pese a las detenciones de sus activistas.

El capitán de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) también explicó al tribunal el funcionamiento de la banda.

Sobre el cobro del llamado "impuesto revolucionario", que es una de las cuestiones que figuran en este sumario, indicó que el aparato militar se encarga de la colecta de información y también es "el encargado de aplicar" medidas de chantaje a los empresarios que se niegan a pagar, aunque no sea el que decida esas medidas.

Precisó el papel de cada uno de los siete acusados en el momento de ser arrestados en dos operaciones en el suroeste de Francia en diciembre de 2003, y así explicó que Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper", era el jefe del aparato militar desde que había sustituido, en noviembre de 2002, a Juan Antonio Olarra Guridi y a Ainhoa Múgica Goñi, capturados en septiembre de ese año.

Señaló que Gorka Palacios Alday "era el jefe de los comandos" y que como tal al ser detenido en una casa de Lons, en las afueras de Pau, se le requisaron tres sobres con 15.000 euros, y siguió formando parte del comité ejecutivo de la organización incluso una vez encarcelado, al igual que "Súsper".

De Juan Luis Rubenach Roiz afirmó que era el responsable de la estructura logística dentro del aparato militar, e igualmente detalló qué hacían los otros que también se sientan en el banquillo: Patxi Abad Urkixo, Garazi Aldana, José Miguel Almandoz Erviti e Íñigo Vallejo Franco.

El agente antiterrorista comentó que, de acuerdo con documentos aprehendidos a ETA, a finales de 2001 el aparato militar contaba con 271 activistas y su presupuesto en 2002 era de unos 50.000 euros mensuales, cifra que había caído a la mitad en 2004.

Respecto al dinero total de la banda terrorista, en 2002 tuvo casi dos millones de euros de gastos y 1,5 millones de ingresos, de los cuales "un 92%" procedentes de la extorsión a empresarios. En los nueve primeros meses de 2004, los gastos fueron 700.000 euros y los ingresos 960.000.

Preguntado por una de las magistradas por el papel de las mujeres en la banda, Hury respondió que "no hay sexismo en ETA" y que "a veces las mujeres son las más temibles".

Una parte de la audiencia de la mañana se dedicó al peso y al valor para la acusación en este juicio de las informaciones procedentes de la policía española, a la que las abogadas de los inculpados, Yolanda Molina y Amaia Recarte, acusaron de torturar a los etarras que arrestan para obligarlos a declarar, algo que casi nunca ocurre con los que son detenidos en Francia, dijeron.

El capitán de la SDAT no quiso hacer ningún comentario sobre por qué sus colegas españoles consiguen hacer hablar a los etarras y los franceses no, e insistió en que todas las informaciones que les llegan de España no las dan por buenas, sino que las corroboran con los elementos materiales que logran en los registros en Francia.

Fernández Iradi, que no quiso contestar a una pregunta del fiscal, Olivier Bray, sobre si ETA es responsable de los 828 muertos que se le imputan a lo largo de su historia, sí quiso intervenir para señalar que desde la muerte de Franco en 1975 "en el País Vasco nada ha cambiado" y que "no hay verdadera democracia".

Para ilustrarlo aludió, entre otras cosas, al asesinato de los presuntos miembros de la banda Lasa y Zabala, secuestrados en Bayona en 1983, y al etarra Jon Anza, que está desaparecido desde el pasado mes de abril, cuando se supone que realizó un viaje en tren entre Bayona y Toulouse.

El ex dirigente etarra -ha sido condenado en dos ocasiones en Francia, a 30 y a 15 años de cárcel respectivamente- reclamó "a los estados francés y español" que aclaren "dónde está Jon Anza".

Hury a ese respecto recordó que se ha abierto una investigación y, tras la intervención de Molina sugiriendo que murió a manos de la Guardia Civil, replicó que "por ahora estamos en el estadio de suposiciones".