El acuerdo PSOE-PP para reformar la Carta Magna a tres semanas hábiles para agotar la legislatura ha generado un profundo malestar en las formaciones políticas minoritarias. IU, UPyD y el nuevo partido Equo plantearon ayer la necesidad de celebrar un referéndum como paso previo a la aprobación de esta modificación, que sería la segunda en la historia de la Constitución.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, advirtió de que introducir un techo de déficit en el texto constitucional supondrá "la amputación del Estado del bienestar", de ahí que abogue por que los españoles se pronuncien.

«Votaré en contra de esa propuesta», advierte el socialista Antonio Gutiérrez

"No es aceptable que un Parlamento moribundo decida sobre algo tan importante", que afecta a la vida de la gente "con una disyuntiva: Estado del bienestar o la ley de la selva de los mercados", apuntó Llamazares. En la misma dirección, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, exigió que la modificación "sea sometida a referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan sobre ella".

El BNG tampoco está por aceptar sin más el método elegido para la reforma. Su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, consideró ayer "un atropello" hacer esta reforma exprés por la vía de urgencia, un trámite que ni siquiera permite introducir enmiendas. Por eso, el BNG apoyará "cualquier iniciativa" no sólo contra el contenido de la reforma, sino contra el método elegido para llevarla a cabo.

El líder de Equo, Juan López de Uralde, también expresó su disconformidad con la reforma. Desde su cuenta de Twitter, señaló que hay "muchas otras cuestiones para reformar en la Constitución", pero no está "de acuerdo en hacerlo para poner un techo al déficit".

Alfonso Guerra califica como «muy apresurada» la reforma

Con esta premisa, Equo se sumó a la iniciativa #yoquierovotar, que reclama la celebración de un referéndum. De acuerdo con el artículo 167.3 de la Constitución, para su celebración debería solicitarlo el 10% de cualquiera de las Cámaras. Y las cuentas, inicialmente, no salen porque los partidos minoritarios en el Congreso suman 25 diputados, diez menos de los necesarios. No obstante, las voces discrepantes también suenan en el propio PSOE.

La oposición en el PSOE

Y es que en las filas socialistas se alzaron ayer voces muy críticas incluso indignadas por el fondo y la forma de la reforma. Entre ellas, la del diputado Antonio Gutiérrez, que calificó de "disparate" esta reforma, que contiene los "axiomas ideológicos de la derecha". De someterse esta propuesta a votación, advirtió, votará "en contra".

Izquierda Socialista cuestiona las formas «poco democráticas» utilizadas

Gutiérrez esgrime tres razones para oponerse a esta modificación. La primera es que "hacer lo que piden Angela Merkel y Nicolas Sarkozy sin eurobonos, sin política económica común, lejos de reforzar la gobernanza europea lo que hace es postergarla". Por otro lado, esa reforma "es condenar a España y otros países a una desigualdad permanente" . Y, por último, añadió, "es un suicidio político para la izquierda en España". En su opinión, Zapatero ha hecho "el último trabajo sucio a Rajoy".

En este contexto, el exlíder de CCOO subrayó la necesidad "de frenar esta iniciativa", cuyo alcance "no se ha calibrado". Su compañero de filas, Manuel de la Rocha, también censuró el fondo de la iniciativa. "Se trata de una propuesta que pretende imponer la derecha europea, que implicaría constitucionalizar uno de los principios ideológicos más duros del neoliberalismo", destacó.

El portavoz de la corriente Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos, cuestionó las formas. "Son poco democráticas. No ha habido reunión de grupo", criticaba al finalizar el pleno extraordinario en el Congreso. "Lo que no se ha podido hacer en 30 años", lamentó Barrio, se quiere hacer en pleno mes de agosto y sin apenas tiempo.

Lo cierto es que apenas quedan tres semanas de trabajo en Las Cortes antes de que sean disueltas. En este sentido, el presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso, el diputado Alfonso Guerra, calificó la reforma de "muy apresurada" y se mostró sorprendido de la premura con la que se intenta llevar a cabo una reforma que no se aplicará "hasta 2018 o 2020".

La música y la letra de CiU

Las fuerzas catalanas se movieron entre las dudas y la discrepancia a cuenta de los efectos que tendría dicha reforma para las comunidades y la pérdida de autonomía financiera que conllevaría.

Por un lado, levantó reacciones opuestas no sólo entre Govern y oposición, sino también en el seno de CiU. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que comparte "el espíritu" de la reforma para poner límites al déficit público. "Es una tendencia necesaria", aseguró. Sin embargo, el líder de Unió añadió que esperará a ver "la letra pequeña del acuerdo" para constatar que la medida sea "flexible" y permita a Catalunya conservar su autonomía financiera.

Esta postura chocó con la del portavoz del Govern, Francesc Homs, que respondió con un "no en mayúsculas y rotundo" a la modificación constitucional. Homs acusó al PSOE y al PP de querer "cargarse la autonomía financiera" de la Generalitat y anunció que el Govern "mirará con mucha cautela y precaución cualquier reforma constitucional que venga de la mano del PSOE y del PP", informa Albert Martín Vidal.

En la izquierda catalana se dieron también reacciones diversas. Así, ICV-EUiA anunció que se opondrá "con todas sus fuerzas" a una modificación de la Constitución que implique "cualquier intento centralizador" y planteó la posibilidad de formar un frente unitario catalán sobre esta cuestión. ERC lo rechazó también por considerarlo un ataque al autogobierno y su diputado Joan Tardá acusó al PSOE de "hacer de mamporrero de FAES" proponiendo y acordando una reforma constitucional que "coarta las posibilidades de las comunidades". En su opinión, la iniciativa de Zapatero "retroalimenta el discurso recentralizador de que todos los males provienen del gasto de las comunidades".

El PSC quiso marcar distancias respecto al PSOE. Su presidente parlamentario, Joaquim Nadal, expresó dudas sobre fijar el límite de déficit en la Constitución y recordó, en este sentido, que "hace tiempo" que el PSC ha reivindicado que los cambios en la Carta Magna sirvan para reforzar el autonomismo y el "papel autonómico del Senado".